La diputada mexiquense Zaira Cedillo Silva, del grupo Morena, que lleva tiempo hablando del tema, ha calculado que 40 por ciento del agua potable en esa entidad es robada, “ya sea por desvío o sustracción por tomas clandestinas o de pozos irregulares”. Ha propuesto, como se suele hacer, aumentar penas y proveer de nuevas herramientas para enfrentar el problema.
En los últimos días, la fiscalía y fuerzas de seguridad de Edomex han realizado operativos en contra de esta, que es una enorme industria criminal, a juzgar por los números. Un total de 200 puntos ilegales de extracción de agua en 48 municipios fueron identificados en Estado de México. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la entidad, en conjunto con otras autoridades estatales, federales y municipales, aseguró más de 300 pipas y casi 200 inmuebles en el operativo.
Como lo reportaron aquí mis compañeros reporteros de MILENIO: “Fuentes internas de la propia fiscalía explicaron que, mediante investigaciones y tareas de inteligencia, se estableció que la mayoría de estos lugares es operada por organizaciones con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Sindicato Libertad, 25 de Marzo y La Chokiza, entre otros, que de manera clandestina e ilícita extraen agua, sobreexplotan pozos y realizan ordeña de redes”.
La reacción la vivieron los habitantes de Estado de México y la capital. Bloqueos que hicieron los traslados eternos (cosa que cada vez es más habitual). El problema, sin embargo, no es ese. Hay uno más importante.
Hay que aplaudir siempre un esfuerzo para acabar con la ilegalidad, más aún cuando se trata de algo como el agua.
El problema es que esa industria criminal lleva años apoderada del agua, proveyendo lo que el Estado —en su definición más amplia— no ha podido proveer a los ciudadanos.
Después del operativo, que insisto, hay que aplaudir, comenzaron a llegar los reportes de ciudadanos y empresas que se han quedado sin agua. Agua que obtenían de aquella industria criminal.
La pregunta hoy es si Estado de México o la Federación tienen un plan (y recursos) para suplir a quienes por años han hecho el negocio de manera ilegal pero, eso sí, llevando agua. Porque si no hay plan, nuevos actores simplemente sustituirán a los hoy acusados.
