La insurgencia desatada por vecinos de Mirador de San Isidro tras conocer la magnitud del conjunto habitacional que pretenden construir en su colonia, es resultado de varios errores.
Primero, ignorar a quienes viven en la zona respaldados en que se trata de un proyecto que beneficiaría a 200 familias de policías, que los planes parciales lo permiten y que, además, tenía luz verde de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.
Segundo, omitir los estudios técnicos sobre el impacto que un desarrollo de esta naturaleza tendrá en los alrededores y, a partir de esto, hacer ajustes o proponer acciones para mitigar las posibles afectaciones.
Y tercero, utilizar la fuerza pública para desalojar una protesta pacífica de quienes se oponen a la obra exponiendo sin necesidad a los policías que serían los beneficiados con las viviendas.
Los diez edificios de cuatro pisos que albergarán 200 departamentos forman parte del programa “Legado”, impulsado por el gobierno estatal para impulsar el desarrollo integral de las familias de elementos de seguridad con vivienda accesible de 60 metros cuadrados, mensualidades del 30 por ciento del ingreso, financiamiento a través de instituciones públicas, en predios urbanos y con acceso a servicios, transporte y espacios recreativos.
Y es precisamente por esta amenaza a la calidad de servicios, transporte y espacios verdes, por lo que los vecinos de Mirador de San Isidro mantienen el rechazo a la edificación de los edificios en un terreno de 12 mil 830 metros cuadrados, sobre la avenida Valle de San Isidro.
Para empezar, los habitantes de la zona cuestionan el proyecto porque sería levantado en un predio que ellos pensaban que podría utilizarse como área verde; también revelan problemas de drenaje, vialidades, inundaciones y condiciones del suelo.
Incluso algunos vecinos denuncian que al menos 25 fincas tendrían afectaciones directas con la construcción, y por ello piden la intervención de Protección Civil; también exigen mesas de trabajo con las autoridades municipales y estatales, lo que tampoco ha sucedido.
El polémico desarrollo habitacional también generó su cisma político en el congreso del estado, ya que los diputados de todos los partidos ahora buscan saltar de la quema por haber aprobado el desarrollo.
Desde la Comisión de Hacienda aclaran que no autorizaron la construcción de las torres, sino solamente la cesión de dos inmuebles estatales al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) para el programa “Legado”.
Los legisladores exponen que el voto no significa licencia de construcción, uso de suelo, factibilidad de agua, urbanización, mecánica de suelo y todos los trámites que son inherentes a este tipo de edificaciones, lo cual es cierto. Pero omiten que el dictamen que fue aprobado incluía un expediente con la propuesta de las 200 viviendas en las que figuraban los renders, estacionamientos y áreas verdes.
Y aunque parece ser el menos ajeno al conflicto, el IJALVI suele manejarse con mucha discreción en este tipo de planes de urbanización a pesar de que impactan sobre colonias densamente pobladas.
En 2021, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Alfaro existió al menos un “Master Plan La Federacha”, detallado como “vivienda Social Guadalajara 2021” en las cercanías de la Barranca de Huentitán, con 12 edificios de diez niveles con mil 200 departamentos y una torre de 21 pisos que incluiría espacios comerciales.
Era una propuesta para el Instituto Jalisciense de la Vivienda del arquitecto español Juan Cano Forrat, el creador de Puerta Guadalajara que luego terminó en Iconia, que incluye el video “La Federacha, 1,200 viviendas dignas” https://youtu.be/ss6Jfq6l2RQ?si=5nEqc_Q24YbCt7a5.
En la pieza audiovisual, resaltan los logotipos del IJALVI y del Instituto Tecnológico del Habitat que dirige Cano.
Como en aquel tiempo la barranca era otra “papa caliente”, el proyecto quedó solo en una maqueta más del portafolio del singular arquitecto ibérico del cual prometo hablar en otra ocasión.
Lo invito a que me lea, escuche y vea en
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