M+.- Con su grano de insidia contra la gobernadora Maru Campos, el senador Javier Corral expone al exfiscal virtual de CdMx y hoy a cargo de “asuntos relevantes” de la General de la República, Ulises Lara, a ser procesado por obstrucción de la justicia.
El exgobernador ––que cambió la chaqueta del PAN por la de Morena–– impugnó el no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público capitalino contra la mandataria chihuahuense por un imaginario “intento de secuestro” en agosto de 2024, lo que en realidad fue en cumplimiento de una orden de aprehensión por probable peculado de casi cien millones de pesos.
Corral estaba cenando en el Gin Gin de la colonia Roma cuando se presentaron agentes ministeriales de Chihuahua con la orden de aprehensión obtenida de un juez por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, pero el encargado entonces de la Fiscalía capitalina irrumpió en el restaurante con un intimidante comando policiaco para rescatar a quien a la sazón ya era senador electo.
El salvamento le permitió a Corral ser escondido un par de semanas y para poder asumir su escaño el 1 de septiembre y gozar desde entonces de total impunidad.
Lo hecho por Ulises Lara, lejos de ser un acto de justicia, fue el rescate político de Corral en tiempo real.
El senador se suma al linchamiento de la gobernadora como si una orden de aprehensión equivaliera a un levantón de la delincuencia.
De haber prosperado la captura, el insolente machuchón habría tenido a mano todos los recursos legales para defenderse, pero el obradorato prefirió convertirlo en perseguido político para luego utilizarlo como instrumento de venganza.
La sincronía es reveladora: Corral reaparece justo cuando los diputados oficialistas de Chihuahua impulsan en el Congreso federal una solicitud de juicio político contra Campos (demasiadas “coincidencias” para tomarlas como simples actos de preocupación democrática por la justicia).
El mensaje es claro: quien se someta al régimen lopezobradorista obtiene protección, impunidad y hasta cargos legislativos, pero quien se resista será exhibido, hostigado y sometido a campañas de demolición política.
Mientras el oficialismo despliega su maquinaria contra la gobernadora, la FGR y buena parte del aparato propagandístico de la 4T despliegan acciones vergonzantes y complacientes frente a personajes mucho más comprometidos con el crimen, como los de la probable Banda de los Diez de Sinaloa encabezados por Rubén Rocha Moya, reclamados con fines de extradición por el gobierno estadunidense (que Claudia Sheinbaum describe como “una oficina de Nueva York”, como si el Departamento de Justicia estadunidense fuera una ventanilla burocrática cualquiera y no la instancia que procesa delitos de narcotráfico y terrorismo internacional).
En el México del “segundo piso” se evidencia cada vez con mayor crudeza una obscenidad institucional: se protege a presuntos narcotraficantes y se usa como kleenex a un exgobernador desacreditado como inútil ariete “moral…”.
