El procurador mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, parece haber desistido de su aspiración a ocupar un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Dijo ayer textualmente:
“Tres días después de los hechos, la carpeta de investigación (de la Procuraduría estatal) fue entregada a la PGR para la continuación de las investigaciones, por tratarse de hechos de su competencia. De conformidad con la CNDH, presumiblemente, elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así el personal de
la Procuraduría mexiquense, lo cual, a pesar de ello, ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales…”.
¡Chíngale!
Y lo hizo ante el pleno del Senado sin que ningún legislador le hubiera preguntado algo sobre Tlatlaya.
Desafectos militares aparte, nada ganó exponiéndose a que en la Comisión de Justicia lo acribillen al respecto y que las diligencias en los primeros (determinantes) días queden aún más en entredicho porque el procurador mismo acredita el presumible mejor trabajo de investigación a la CNDH.
Improbable, su designación la hizo imposible.
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