M+ Texto, contexto y pretexto de la detención del exgobernador Ángel Aguirre conforman un bodrio jurídico tan mal armado que nadie sabe cuál es la conducta criminal que se le atribuye en el caso Iguala.
¿Ordenó que se sustrajeran y se le entregaran unos videos?, ¿que se borraran, desaparecieran o destruyeran, que se ocultaran o que él los ocultó?
No hay un tipo penal claro en la acusación excepto la fregadera de imputarle “desaparición forzada de personas”.
El galimatías apesta a consigna política. Se le implica en el ignorado destino de los videos de dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala que habrían captado el escenario criminal del Puente del Chipote, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 entre 15 y 20 normalistas fueron interceptados por policías.
La detención de Aguirre, sin embargo, no sirve ni ayuda nada para el cacareado “esclarecimiento” del crimen. Es un distractor barato, un pretexto que el obradorato utiliza para simular que descubre algo distinto a la “verdad histórica”, cuando lo único cierto es que no quiere hacer lo que sí importa.
Es penoso ver a la fiscal General de la República leyendo su posición institucional. En su afán de recitar el guion oficial, omitió ––¿por ignorancia o deliberadamente?–– que en los hechos bajo ese puente participaron agentes de la Policía Federal.
Peor: mintió al afirmar que los atacantes fueron policías estatales, lo cual es una falacia demostrativa que la maestra Ernestina Godoy, o desconoce el expediente, o lo está tergiversando a conveniencia.
Todo esto impone la pregunta que el régimen no quiere responder:
¿Por qué y para qué el exgobernador habría ordenado la sustracción de esos videos? ¿Acaso él o alguien de su parentela participaron en la agresión policiaca? ¿Cuál habría sido el móvil?
En aquellos días de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso cortarle la cabeza al entonces mandatario de Guerrero para dejar a nivel municipal y estatal toda la responsabilidad y que no escalara el caso a la Federación. Exactamente lo mismo que pretende hoy el segundo piso de la 4T con el esperpento “recomendatorio” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos degradada por la facciosa Rosario Piedra.
A falta de información clara, el tema queda expuesto a la especulación y el único motivo de que Aguirre hubiera querido esconder o destruir esos videos habría sido tener un seguro de vida político: si en las imágenes aparecían efectivos de la Policía Federal ––como efectivamente ocurrió––, podría amenazar con filtrarlos para demostrar el involucramiento federal y frenar el embate del peñato en su contra.
Pero ese as bajo la manga, en su caso, dejó de ser útil desde el 14 de abril de 2016, cuando la CNDH respetable y profesional dio a conocer su Segundo Reporte Preliminar sobre el Caso Iguala, revelando con pruebas que en los hechos del Puente del Chipote participó la Policía Federal.
Balconeado el secreto, se acabó la utilidad de los videos para el hipotético chantaje…
