La infidelidad ajena tiene algo de espectáculo: miramos el incendio desde la ventana del vecino para convencernos de que nuestra casa sigue en pie. Seguimos el mensaje mal borrado, el frasco de mermelada, la canción que se vuelve himno del despecho. Analizar el caos de otros suele ser más fácil que mirar el silencio propio.
El desamor vende. Shakira convierte la herida en cifras récord; otras se reinventan bajo reflectores. La mayoría, en cambio, solo canta en el coche o paga terapia. Esa es nuestra justicia cotidiana: sobrevivir y recoger platos rotos.
Durante años, la traición también fue asunto del derecho penal. Viejas tesis hablaban de “honor” para atenuar la violencia. Hoy eso resulta impensable: la igualdad obliga a rechazar cualquier intento de justificar el daño.
El debate ahora es otro. En 2017, la Suprema Corte sostuvo que el matrimonio no es un pagaré: el libre desarrollo de la personalidad incluye la libertad de dejar de amar. El Estado no indemniza el “cuerno”. Pero la ley también reconoce que la infidelidad puede ser violencia psicológica cuando destruye la estabilidad emocional. La misma palabra habita dos espacios: libertad y agresión.
Tal vez el Estado no pueda obligarnos a amar ni a ser fieles. Pero sí puede preguntarse cuándo el engaño deja de ser una mala decisión y se convierte en desgaste deliberado. El derecho no entra a la alcoba, pero sí alcanza la puerta cuando el daño ya no es privado.
