Hoy, casi 1 por ciento de los empleados registrados en el IMSS pertenece a alguna de las 20 empresas que agrupa la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), más conocidas como firmas de staffing o outsourcing.
Con marcas internacionales como Manpower, Addeco o Kelly Services, así como locales como Technicon o Útil Soluciones, este organismo es una pequeña muestra de un sector mucho mayor. “Se calcula que en realidad hay más de 800 empresas dedicadas a la contratación externa de personal para empresas”, dice Laura Obregón Bermúdez, presidenta de Amech.
Durante mucho tiempo se ha relacionado a las firmas de outsourcing con precariedad laboral: que no pagan de manera correcta, que no hacen los aportes de ley o que no dan prestaciones. Incluso hace unos años también surgió la tendencia del insourcing: empresas que creaban internamente otra compañía que se encargaba solo de la administración de personal, algo que muchos fiscalistas recomendaban (para dividir utilidades), pero que con la reforma fiscal ya quedó obsoleto.
“Mucho de nuestra tarea es la de acabar con esos mitos. Por ejemplo, mientras el sueldo promedio en México a diciembre de 2015 era de 9 mil 201 pesos, el sueldo promedio de nuestros asociados fue de 10 mil 72 pesos”, abunda la ejecutiva.
El negocio ha venido creciendo: si comparamos diciembre de 2014 con 2015, el aumento de empleados en estas 20 empresas aumentó en un 5 por ciento.
“Queremos darle tranquilidad a los empleados primero y a las empresas también. Tercerizar el área de personal genera altos ahorros administrativos, sobre todo en casos de necesidad de empleados para proyectos eventuales”, señala Obregón.
Una de las maneras de exorcizar este sector es dotarlo de un marco legal más sólido y de normas de calidad. Actualmente la Amech se encuentra trabajando junto con el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez, para desarrollar una Norma Mexicana dedicada exclusivamente para la tercerización.
“Sería una NOM avalada por la Secretaría de Economía y tendría las mismas regulaciones que exigimos a cada una de las empresas de nuestra asociación: pagar IMSS, Infonavit y Fonacot, tener contrato formal de trabajo y solvencia económica”, explica Laura Obregón.
Si se logra este sello, podremos saber a ciencia cierta cuántas personas hoy están contratadas por estas otras 800 firmas que es tan difícil de saber. Algo que sin duda no solo traerá transparencia a las empresas, sino fundamentalmente para los empleados.
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