Ante la falta de una política energética clara por parte del Gobierno Federal, se vuelve urgente encontrar otros mecanismos e iniciativas para que los proyectos de energía en el país lleguen a buen puerto.
Independientemente de que las bases para la maduración del sector (a partir de la promulgación de la reforma energética) permanecen, es decir: el marco jurídico se mantiene, los órganos reguladores preservan su carácter técnico y autónomo, se mantienen los operadores independientes,la Secretaría de Energía ha mostrado incapacidad para planear un proyecto energético integral en coordinación con el sector privado.
Una herramienta que ha estado dando resultados a pesar de todo, es el empuje que han realizado las Entidades Federativas para promover oportunidades en el sector energético de acuerdo a sus necesidades.
Hoy, hay cerca de 20 organismos estatales de energía en el país que, al margen de lo que se establece en la Constitución y sus leyes secundarias, crean estrategias y directrices que coadyuven en el desarrollo de la energía no renovable y el aprovechamiento de las energías renovables en sus estados. Esto ha generado que entidades como Jalisco, Estado de México y Nuevo León por ejemplo, hayan incrementado inversiones en generación distribuida.
La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante pequeñas fuentes de generación (principalmente paneles solares) que se instalan cerca de los puntos de consumo (casa habitación y/o comercios). Además de generar una derrama económica, generación distribuida mejora la calidad del sistema eléctrico, reduce pérdidas en la red eléctrica y potencia las energías renovables.
Estados como Yucatán, Baja California, Querétaro y Sonora hoy tienen una posición histórica en la creación de empleos formales al igual que Tamaulipas, que se sitúa como la quinta entidad con mayor inversión extranjera directa en el país con inversiones representativas en centrales eólicas, exploración y extracción, cadenas de suministro, proyectos de almacenamiento de petrolíferos, transporte de gas y logística, entre otros.
El desafío constante, es el de entreverar esas inversiones con el empresariado local y de alguna u otra manera garantizar beneficios sociales y una derrama económica local. Las comisiones, agencias y/o secretarias de (personalmente me inclino por el primero modelo), funcionan como puerta de entrada a las empresas inversoras, para que las inversiones aterricen en tiempo y forma; para que los proyectos tengan una vocación social, mitigando riesgos y generando un impacto mayor en las comunidades donde operan.
Hoy más que nunca, los Estados tienen que hacer uso de algunas de las libertades que por definición les permite el federalismo mexicano, para introducirse en el contexto de una política energética como la que exige y demanda el mercado global actual. En los hechos, las Entidades Federativas anteriormente mencionadas, además de Hidalgo, Veracruz, Tabasco y seguramente Campeche (mas las que puedan sumarse), deberán trabajar sin descanso, creando losmecanismos y las condiciones para que la inversión privada (nacional e internacional) detone proyectos que abonarán, sin lugar a dudas, al crecimiento económico nacional.
