El programa "Mujeres con Bienestar" en el Estado de México representa un esfuerzo con una intención social innegable: brindar un alivio económico bimestral de 2 mil 500 pesos a miles de mujeres de 18 a 59 años en los 125 municipios de la entidad. Reconocer la importancia de esta iniciativa es fundamental, sin embargo, un programa con un propósito tan noble no puede sostenerse únicamente en sus buenas intenciones; la ejecución diaria y la logística resultan tan cruciales como el presupuesto asignado.
Lamentablemente, la operatividad actual muestra serias deficiencias que empañan sus objetivos. Las beneficiarias enfrentan un calvario recurrente: desde una plataforma digital inactiva para dar de alta los plásticos y controlar de forma digital su depósito, hasta tarjetas de pésima calidad que son retenidas por los cajeros automáticos o rechazadas en comercios.
A esto se suman las elevadas comisiones de la banca privada, el tope de retiro de $2 mil 300 de los $2 mil 500 asignados, y la falta de respuesta en oficinas como la ubicada en una conocida plaza en el corazón de Toluca. Es inadmisible que un apoyo destinado a quienes menos tienen termine mermado por costos bancarios o bloqueado por fallas del propio sistema.
El Secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, debe asumir un papel proactivo para perfeccionar el programa de inmediato. La enorme cantidad de recursos públicos en juego no tolera opacidades ni desorden en los centros de atención, donde el manejo negligente de paquetes con NIP prácticamente a la vista y la mala atención de los llamados "servidores de la nación", generan justificadas suspicacias sobre corrupción. Erradicar estas fallas operativas es deber ético y administrativo, para garantizar que la ayuda llegue íntegra y con dignidad a las manos de quienes realmente la necesitan...
Rastreando
Un reciente y serie análisis demoscópico dice que el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, alcanzó una aprobación del 67.5% tras sus primeros 18 meses de gestión. Esta percepción ciudadana responde a la implementación de políticas públicas enfocadas en seguridad, fortalecimiento de la red hídrica, servicios públicos y movilidad, dirigidos prioritariamente a zonas históricamente desatendidas...
Finalmente, el fallo del Tribunal Electoral del Estado de México sobre San Felipe del Progreso desnuda una alarmante y coordinada asfixia institucional contra la transparencia y la fiscalización del gasto público. El alcalde Jaime Torres Marín y su gabinete recurren al desmantelamiento operativo, la negación de información e incluso presuntas amenazas para silenciar la labor de la síndica Patricia González Alcántara, quien ha evidenciado una deriva autoritaria inadmisible en la administración local.
Este caso adquiere una gravedad mayor ante la inminente resolución del IEEM, órgano que en un momento dado podría dictaminar que estas agresiones no solo constituyen violencia política, sino también violencia de género; una tipificación que expondría un patrón deliberado para gobernar desde la opacidad.
Ojo... cuando el poder teme a la rendición de cuentas, prefiere vulnerar y paralizar a sus instituciones de control antes de permitir que la ciudadanía conozca el verdadero destino de los recursos públicos...
