Las marchas del 8M en el Estado de México volvieron a poner en evidencia la tensión entre las demandas feministas y la respuesta institucional. En Toluca, las manifestantes derribaron las vallas metálicas que protegían el Palacio de Gobierno en Lerdo 300. El gesto no es menor: simboliza el hartazgo frente a un aparato que se atrinchera tras muros de acero para evitar escuchar las voces de quienes exigen justicia y equidad.
El derribo de las vallas es también un recordatorio de que la protesta feminista no se limita a consignas, sino que confronta directamente las estructuras de poder. El contexto es aún más contundente si se observan las cifras: en 2025 se registraron 597 feminicidios en México, un promedio de 1.8 al día, y el Edomex encabezó la lista con 36 casos en los primeros siete meses del año. A ello se suman miles de mujeres desaparecidas en 2025, lo que convierte a la entidad en epicentro de la violencia feminicida. Los números explican la indignación social y la fuerza de las protestas: no son actos aislados, sino respuestas a una realidad que desangra a las mujeres.
En paralelo, la denuncia contra el diputado local del PT Issac José Hernández Méndez por presunta violencia vicaria y por ser supuestamente deudor alimentario expone la incongruencia de quienes deberían ser ejemplo de responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres y la niñez. Que un representante popular enfrente acusaciones de este calibre no solo erosiona la credibilidad de su partido, sino que desnuda la persistencia de prácticas patriarcales dentro de las instituciones que deberían combatirlas.
El 8M en el Edomex deja así dos imágenes contundentes: vallas derribadas y la denuncia contra un legislador que incumple con lo más básico de la justicia familiar, ante eso, que es sólo la punta del iceberg, la lucha feminista no es un asunto de ornamento ni de discursos oficiales, sino de confrontar la impunidad y exigir coherencia. Mientras las instituciones se protejan con muros y toleren a deudores alimentarios en sus filas, las calles seguirán siendo el espacio legítimo donde las mujeres reclaman lo que el poder les niega.
Rastreando
El primer informe de Martha Patricia Zarza Delgado como rectora de la UAEMéx marca un giro simbólico y político dentro de la institución, no sólo porque es la primera mujer en ocupar ese cargo, sino porque el acto mismo dejó de ser un ritual de lucimiento personal para convertirse en un ejercicio de rendición de cuentas con vocación regional. La decisión de descentralizar el informe y llevarlo a distintos espacios universitarios rompe con la tradición de la solemnidad centralizada en Rectoría. Ese gesto, más allá de lo administrativo, envía un mensaje claro: la universidad no es propiedad de una élite académica ni de un círculo reducido de funcionarios, sino un entramado diverso que se extiende por todo el Edomex.
En un contexto donde las universidades públicas suelen ser criticadas por burocratismo y opacidad, este cambio de formato representa la determinación de acercar la gestión a la comunidad universitaria y de reconocer la pluralidad de voces que la integran. El informe deja de ser un escaparate para la figura del rector y se convierte en un espacio de diálogo institucional.
