Si bien la propuesta de reforma constitucional electoral no fue aprobada por la mayoría calificada en la Cámara de Diputaciones, y de acuerdo con lo expuesto por la propia presidenta de la República, el Plan B consistirá en otra iniciativa de reforma constitucional, en la que se buscarían: a) cambios en los congresos locales, para reducir dietas e ingresos extras (apoyos para la gestión); b) en el caso de los ayuntamientos, disminuir el número de regidurías y, posiblemente, estandarizar las dietas que perciben; c) otra propuesta relacionada con la consulta popular, para que también se consideren dentro de sus temas los asuntos electorales.
De esta manera, cualquier modificación al sistema electoral podría promoverse e impulsarse desde una consulta popular.
Sobre las consultas populares
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política federal, un derecho de la ciudadanía es “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional”, promovidas por al menos el 2 % del listado nominal, ya sea nacional, regional o estatal, de acuerdo con el tema que se consulte.
Recordando que, si participa al menos el cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, “el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”.
Sin embargo, en este momento hay temas que no se pueden llevar a consulta, como son: la restricción de los derechos humanos; la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero; los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente, así como la soberanía nacional y la forma de gobierno.
Por ello, la propuesta de modificar el artículo 35 abriría la puerta a que temas como el financiamiento a partidos y la conformación de los espacios legislativos (sistema de partidos), así como aquellos relacionados con el sistema electoral, puedan ser considerados en una posible consulta popular.
También, de acuerdo con el coordinador de la Cámara de Diputados federal, la propuesta del Plan B plantearía la modificación de la fecha de la revocación de mandato; la modificación de la fecha para la elección de jueces federales; así como la “disminución de recursos para empleados electorales en la Federación y en los estados”.
Por lo que, en un primer momento, el Plan B sería una propuesta de reforma constitucional, quedando pendientes las propuestas de reforma que se realicen a través de las leyes secundarias, cuyas modificaciones no requieren de mayoría calificada.
