Puebla empieza a convertirse en un extraordinario caso de estudio.
En menos de dos años, el Congreso del Estado ha tenido que recurrir en ocho ocasiones a una figura que, en teoría, debería ser absolutamente excepcional.
En ocho ocasiones han decidido desaparecer un ayuntamiento electo en las urnas y colocar en su lugar un Concejo Municipal.
Una puede ser accidente, dos, coincidencia, ¿pero ocho veces?
Sin embargo, algo está fallando, porque cuando uno vota para elegir presidente municipal, no solo elige al señor o la señora cuya fotografía aparece en la propaganda. Vota por una planilla completa que incluye al alcalde, regidores, síndico y suplentes.
Pensemos en un equipo de futbol.
Hay once jugadores en la cancha y otros esperando en la banca. Si se lesiona el delantero, entra otro o si expulsan al defensa, el entrenador reorganiza al equipo. Para eso existen los suplentes.
En Puebla se juega con otra lógica.
Se lesiona el titular y súbitamente parece lesionarse toda la banca.
Detienen al presidente municipal o renuncia y comienza la epidemia.
No puede uno, tampoco el otro, se baja el suplente.
Y terminamos en el Poder Legislativo.
Ahí los diputados hacen lo que los ciudadanos supuestamente ya habíamos hecho en las urnas y deciden quién gobierna un municipio.
Entonces para qué carajo votamos.
Si en la boleta electoral aparecen propietarios y suplentes precisamente para garantizar la continuidad del gobierno municipal, ¿cómo terminamos sustituyendo a todo un ayuntamiento?
Cuando esto pasa, se rompe la cadena de representación que surgió del voto y entonces el problema empieza cuando lo extraordinario se vuelve costumbre.
Peor aún, si alrededor de la integración de esos concejos aparecen negociaciones partidistas, cuotas políticas o personajes con escaso conocimiento del territorio que terminarán gobernando.
Quizá la experiencia de estos ocho concejos municipales debería servir para revisar algo mucho más profundo que los conflictos particulares que provocaron su instalación.
Si elegimos suplentes, que suplan.
Porque resulta bastante paradójico celebrar cada septiembre que dejamos de recibir órdenes desde España mientras algunos municipios todavía necesitan que desde el Congreso les digan quién los va a gobernar.
