Con el inicio formal del proceso electoral 2026-2027 para el estado de Puebla, la atención se concentra en el árbitro de la contienda, en medio de una severa crisis de credibilidad a nivel nacional.
En el pasado, algunos consejeros presidentes del Instituto Electoral del Estado han provocado desconfianza, cuando su trabajo debería enfocarse en no favorecer a nadie, aplicar las reglas y contar bien los votos.
Durante el morenovallismo hubo cuestionamientos sobre la independencia del organismo frente al poder político. Después llegaron otras controversias, decisiones discutibles y sospechas sobre el manejo de los recursos.
Ahora que el instituto estrena presidenta, la atención se centra en ella.
Judith Lozano Pérez llega con la encomienda de organizar una elección confiable, pero también demostrar que no será una extensión de los intereses del gobierno ni de los partidos políticos.
Porque una cosa es tener experiencia electoral y otra, ejercer la autonomía cuando comienzan las presiones.
Sobre todo, el reto es que pueda desligarse de las controversias que acompañaron las gestiones de Blanca Cruz García y Mariana Ceballos Garduño, particularmente por decisiones relacionadas con Fuerza por México al trasladarle votos de otros partidos para salvarle el registro; y los criterios utilizados para resolver denuncias por presuntos actos anticipados de campaña con bardas pintadas y aspirantes que llevan meses promocionándose, argumentando que como no pedían el voto y no estaba dentro del periodo electoral, no había delito que perseguir.
Pero hay otro asunto que debería ocupar desde ahora a la nueva presidenta. El dinero.
José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, reveló que empresas señaladas por sus presuntos vínculos con la red investigada alrededor de Guadalupe Taddei recibieron contratos del Instituto Electoral del Estado por 179.1 millones de pesos entre 2014 y 2025.
De ese monto, 129.7 millones corresponden solamente a 2024 y 2025.
Judith Lozano no puede limitarse a prometer elecciones transparentes mientras los contratos de administraciones anteriores permanecen bajo cuestionamiento.
Porque la autonomía electoral implica impedir que los recursos destinados a organizar elecciones terminen convertidos en negocios de unos cuantos.
