La ola de violencia que azota a México no es nueva ni será la última mientras el Estado mexicano continúe vulnerable por la desigualdad social y el frágil respeto a las leyes.
La desigualdad no se va a mejorar en un sexenio, pero sí conviene que la lucha contra la pobreza, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se consolide para bien del país.
Crear una sociedad equitativa requiere muchos años, pero someter al crimen organizado es una urgente tarea. Lo primero que debemos hacer es cambiar el régimen jurídico, hacerlo eficiente, que acabe con la impunidad y garantice el bienestar de todos.
El Estado mexicano es incapaz de proteger a sus ciudadanos y lograr que poderosos jefes del narcotráfico como Joaquín El Chapo Guzmán cumplan su sentencia en cárceles mexicanas, donde reina la corrupción.
Por ello, el Estado se ve orillado a extraditar a los criminales a Estados Unidos. Y a veces ni siquiera puede lograrlo como ocurrió en el caso de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. La extradición es en el fondo un tácito reconocimiento de que existe capacidad limitada para castigar con nuestras propias leyes delitos cometidos en territorio nacional.
Un país no puede ser plenamente soberano con un sistema de justicia inoperante. Si el Estado es incapaz de garantizar la seguridad del pueblo, del cual proviene la soberanía, el Estado es débil dentro y fuera del territorio. Si falla la política interior, también falla la política exterior.
El sistema mexicano de justicia agoniza con un frágil tripié: policías mal pagados, agentes del ministerio público deficientes y jueces abrumados o corruptos. Si una de las tres patas se cae, todo se viene abajo: de nada sirve que la Guardia Nacional logre detener a criminales y que el ministerio público los consigne si el juez, al aplicar leyes absurdas, los libera por falta de pruebas o vicios de procedimiento.
En el fondo no toda la responsabilidad es del militar ni del agente ni del juez: es la maraña de leyes y reglamentos que no entienden ni los abogados ni los magistrados. ¿Y quiénes aprueban las leyes? Los legisladores. Los legisladores son políticos, miembros de partidos políticos, que legitimamos con nuestro voto para mantener un ciclo vicioso.
El sistema político es como la cabeza de la serpiente que se muerde y come de su cola. Un sistema coprófago que se nutre de sí mismo y vive siempre enfermo. México es demasiado importante para dejarlo en manos de algunos políticos oportunistas, ambiciosos y mediocres. No todos son así, afortunadamente. También los hay capaces, visionarios y comprometidos.
Es hora de cambiar el régimen jurídico, de otra manera seguiremos resignados a vivir en la inseguridad, la corrupción y la impunidad, gobierno tras gobierno. Crear un mejor régimen jurídico en que los policías, agentes y jueces sean eficientes, respetables y honestos.
El bienestar y la tranquilidad de nosotros y de nuestros hijos está en nuestras manos. Luchemos por un nuevo modelo que garantice la justicia, la seguridad pública y el bien común. Tenemos derecho a vivir en paz.
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@AGutierrezCanet
