El Congreso mexicano aprobó la reforma laboral que permite homologar nuestras leyes internas con los compromisos contraídos por nuestro país en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEUC).
Sin embargo, este importante paso no será suficiente para la ratificación en Washington, pues los demócratas que dominan la Cámara de Representantes, comprobarán que efectivamente México cumpla con la reforma laboral.
El capítulo sobre el trabajo fue una condición de Estados Unidos para cerrar la negociación que culminó con la firma del tratado por parte de Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau. Pero mientras Estados Unidos presionó a México para mejorar las condiciones laborales, allá siguen vulnerables los trabajadores indocumentados, incluso en las propiedades del presidente estadunidense.
The Washington Post publicó antier un reportaje intitulado: “En el campo de golf de Trump, empleados indocumentados dijeron que a veces se les pedía trabajar horas extras sin pago”.
El diario expuso, entre otros, el testimonio del connacional José Gabriel Juárez, ex jefe de meseros en el restaurante Grille Room del Trump National Golf Club Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York.
José Gabriel dijo que atendió varias veces al mismo Trump antes de convertirse en presidente, cuando almorzaba los domingos en Westchester, luego de jugar golf.
Juárez sabía que a Trump le gusta la Coca-Cola, siempre de Dieta, de botellas de vidrio, servida en una copa de plástico, y que el popote no lo toque nadie.
Las acusaciones de Juárez y de otros ex empleados indocumentados son objeto de una investigación por parte del fiscal general de Nueva York por presunta violación a las leyes laborales.
El caso de Juárez es alentador porque hay millones de trabajadores sin documentos que viven escondidos, temerosos de ser deportados, con trabajos muy duros y salarios mínimos.
En círculos de Estados Unidos existe un discurso hipócrita: en público invocan el respeto a la ley migratoria, pero en privado contratan a trabajadores indocumentados.
Trump continúa usando la inmigración ilegal como pieza clave para reelegirse, mientras que su negocio se ha beneficiado de trabajadores indocumentados con bajos salarios.
Los ex trabajadores dicen que fue fácil ser contratados por la Organización Trump. Los solicitantes pudieron comprar Tarjetas Verdes y números de Seguro Social falsos, en la avenida Roosevelt de Queens, que sus jefes solo archivan sin hacer preguntas. Pero esto cambió a partir del presente año con la verificación de documentos, a raíz de denuncias periodísticas.
Según el diario, casi todos los empleados entrevistados dijeron que sus jefes sabían que sus documentos eran fraudulentos, pero los contrataron de todos modos.
Son millones de indocumentados indefensos que padecen una situación perversa: su estatus migratorio ilegal los inhibe de defender salarios justos y el pago de horas extras por temor a ser deportados.
La solución está en que México presione a Estados Unidos para que la inmigración ilegal sea tratada como una falta administrativa en lugar de un delito criminal, como lo propuso Julián Castro, precandidato demócrata a la Presidencia.
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