Luis Echeverría propuso en 1972 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en Santiago de Chile, en el pleno de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Luego de arduas negociaciones, casi tres años después, la Carta fue aprobada en 1974 por la Asamblea General de la ONU. A favor votaron 120 países del Tercer Mundo, en contra seis países desarrollados por estimar que no concordaba con los conceptos de la libre empresa (Alemania Federal, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Luxemburgo y el Reino Unido) y 10 se abstuvieron (Austria, Canadá, España, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón y Noruega).
La Carta establecía en el artículo primero que todo Estado ejercerá libremente plena soberanía permanente incluyendo la posesión, uso y disposición de todas sus riquezas, recursos naturales y actividades económicas.
Fue un triunfo diplomático para el presidente Echeverría, gracias al trabajo de negociación por parte de un grupo de 40 países presidido por el distinguido jurista y diplomático mexicano, Jorge Castañeda, mientras que el representante permanente de México ante las Naciones Unidas era nada menos que Alfonso García Robles.
Pero la llamada Carta Echeverría nunca se puso en práctica por la oposición de Estados Unidos y demás países industrializados. Hoy es letra muerta la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
La misma suerte le podría suceder al Plan de López Obrador que acaba de proponer en el Consejo de Seguridad de la ONU, denominado Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, cuyo noble objetivo es dar una vida digna a 750 millones de pobres en el mundo.
El Consejo de Seguridad no fue el foro adecuado para lanzar la iniciativa de México como bien lo advirtió el representante permanente de la Federación Rusa, Vassily Nebenzia, en el debate abierto sobre exclusión, desigualdad y conflictos, pues el principal mandato del Consejo es mantener la paz y la seguridad internacionales.
El problema de fondo es convencer que 4% de las fortunas de las mil personas más adineradas del mundo aporten voluntariamente a la causa, y que lo propio hagan las mil empresas más acaudaladas del planeta.
Otra dificultad mayor es que las naciones que integran el Grupo de los 20 destinen a ese fin el equivalente a 0.2% del producto interno bruto, pues los presupuestos son determinados por sus propias políticas nacionales de cooperación internacional al desarrollo y aprobados por sus instancias legislativas.
Seguramente el Plan de López Obrador será aprobado en una resolución en la Asamblea General con el respaldo abrumador de los países en desarrollo, pero con el voto en contra de Estados Unidos y demás países desarrollados.
Será una victoria diplomática del presidente López Obrador, festejada en México como líder mundial, como antes Echeverría fue proclamado líder del Tercer Mundo con la Carta.
El Plan de López Obrador es una expresión de buenos deseos, de altos sentimientos morales, pero no tendrá el valor jurídico de una Convención, de carácter obligatorio, ya que el derecho internacional no reconoce como fuente de obligaciones a las resoluciones de los organismos internacionales.
Agustín Gutiérrez Canet
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