La reciente tragedia humanitaria en Ciudad Juárez demostró la debilidad del gobierno mexicano al comprometerse con Estados Unidos a frenar la migración sin tener la capacidad de atender de forma segura, ordenada y regular el creciente número de migrantes en nuestro territorio.
Al comprometerse con los estadunidenses a implantar el programa Quédate en México, por el cual Ebrard aceptó recibir a cientos de miles de solicitantes de asilo, sin contar con la anuencia de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contribuyó a crear la peor crisis humanitaria en nuestro país.
Según la ley, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), son instituciones encargadas de ejecutar la política migratoria, dependientes de Gobernación.
En un principio, la entonces secretaria Olga Sánchez Cordero desconoció los acuerdos contraídos por Ebrard con su contraparte estadunidense, Mike Pompeo, el 15 de noviembre de 2018 en Houston, los cuales el canciller trató de ocultar como si fuera una decisión unilateral de la Unión Americana y no de un acuerdo bilateral, aunque la funcionaria finalmente se plegó.
Ebrard insiste en lavarse las manos, sin convencer a nadie, y arroja la pelota a Gobernación para que se haga bolas.
La política migratoria cambió para complacer a Trump, la cual pasó de tener una visión humanitaria a otra militarista con el despliegue, a la fecha, de 30 mil elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras.
Con la venia del presidente López Obrador, pero violando la Ley de la Organización de la Administración Pública Federal, Ebrard negoció el acuerdo migratorio sin la participación de Gobernación, y ahora ante el desastre humanitario en Ciudad Juárez se achacan la responsabilidad Ebrard y Adán Augusto López.
Para supuestamente proteger a Ebrard fue creada con un decreto presidencial en contra de la ley, la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la cual es presidida no por el secretario de Gobernación sino por el de Relaciones Exteriores, tal como lo señaló Adán Augusto.
En la segunda sesión de la Comisión, celebrada el 16 de octubre de 2019 bajo la presidencia de Ebrard, fue evidente el precario estado de la Comar para atender el creciente número de refugiados: solicitó 124 millones de pesos para el ejercicio 2020, pero Hacienda solo autorizó 27 millones, en tanto que las solicitudes de asilo en 2013 se dispararon de mil 296 a unas 70 mil en 2019.
En dicha reunión, Sánchez Cordero sugirió que las dependencias participantes ofrezcan “una respuesta innovadora que permita garantizar a las personas que ingresan y transitan por nuestro país que lo hagan de forma segura, ordenada y regular”.
Luis Echeverría decía que cuando no puedas resolver un problema, crea una comisión. Ahora se creará la Comisión de un sacerdote, Solalinde, para seguir buscando “respuestas innovadoras” al desastre migratorio, causado en cierta medida por Ebrard.
Por supuesto, Marcelo no fue el responsable de la seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pero sí cometió el pecado original de ceder soberanía a Estados Unidos con el programa Quédate en México.
