Los recientes nombramientos en puestos diplomáticos de ex gobernadores priistas y simpatizantes de Morena han sido mal recibidos por analistas políticos.
Como quiera que sea, dichas propuestas de políticos obedecen a criterios de política interna sin ninguna relación con la política exterior, lo cual ha generado fundamentadas críticas por diversos motivos.
Así como la mejor política exterior es la interior también ocurre que la peor política exterior es la interior.
Nombrar a personas de dudosa honorabilidad en cargos públicos en el interior del país tiene costo menor si se compara con designaciones en el exterior, pues dañan el prestigio internacional de México.
El Presidente de la República toma decisiones soberanas al nombrar a quien le plazca como representante en el extranjero, es su derecho, pero también debe aceptar que otras naciones ejercen su soberanía al rechazar o dejar sine díe el beneplácito, como parecen ser los casos de Panamá o de España.
La mala reputación o carencia de atributos de un candidato a embajador jamás puede estar por encima del prestigio de México. Dichos candidatos deben solicitar el retiro de su nombramiento para darle una salida honorable al Presidente y evitar un mayor desprestigio al país.
Desafortunadamente, los dislates diplomáticos también ocurren con los de casa en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El secretario Marcelo Ebrard Casaubon infringió la ley del Servicio Exterior Mexicano al promover el nombramiento como titular de miembros de carrera del SEM que tienen rangos inferiores al de ministro.
El artículo 22 establece: “En casos excepcionales podrán acreditarse como embajadores o cónsules generales, miembros del personal de carrera que tengan el rango de ministro. Esta acreditación no alterará la situación en el escalafón de los así designados, en la inteligencia de que tendrán derecho a los emolumentos y prestaciones que correspondan a dicha función”.
Por este motivo, es ilegal acreditar al frente de las embajadas en Perú (a un segundo secretario) y en Azerbaiyán (una consejera), así como en el consulado general en Nogales (un segundo secretario). Lo mismo ocurrió en los casos anteriores en Haití y en Phoenix. Ninguno tiene el rango de ministro y menos de embajador.
La ley —clara y sin ambigüedad—, excluye a todos los que no son ministros, por muy capaz que pueda ser un tercer secretario, un segundo secretario, un primer secretario o un consejero. Un diplomático de carrera sabe que debe respetar las reglas (pacta sunt servanda).
Este trato discriminatorio, que no tiene razón ni sentido en un servicio civil de carrera como es el SEM, se remonta a pasados gobiernos neoliberales y conservadores. Pero seguimos igual.
Si bien el Presidente puede nombrar embajador a cualquiera, pues la Constitución está por encima de la ley, incluyendo a quien tenga rango inferior a ministro, el beneficiado en ese momento debe dejar de ser de carrera, dado de baja en el escalafón y pasa a ser nombramiento político.
Unos cuantos privilegiados de modesto rango, entre cientos de diplomáticos discriminados, dan un gran brinco en pocos años para ser titulares de embajada cuando por lo regular el esfuerzo, la disciplina y la constancia para ascender a embajador, rango por rango, requiere un mínimo de 20 años, si bien le va.
Por eso, no se vale dar trato discriminatorio, la ley debe ser igual para todos: no se puede ser diplomático de carrera y al mismo tiempo ser diplomático chapulín.
Agustín Gutiérrez Canet
gutierrez.canet@milenio.com
@AGutierrezCanet
