La posición de México en la OEA sobre la crisis política en Nicaragua es ambigua, contradictoria y engañosa.
El 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó, con la abstención de México, una resolución en la que expresa su grave preocupación porque el gobierno de Nicaragua no ha implementado reformas electorales para que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas.
Condenó inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pidió la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos.
En efecto, aquí en “Sin ataduras”, del 27 de mayo pasado, “Nicaragua merece un mejor gobierno”, denunciamos:
“Cristiana Chamorro, periodista de La Prensa, hija de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barros, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990, es la candidata de la oposición con mayores posibilidades de vencer a Ortega, según encuestas. De ahí el temor del actual Presidente de ser derrotado por segunda vez por otra Barros”.
Desde entonces, Cristiana Chamorro ha sido investigada, detenida y deshabilitada como precandidata a la Presidencia de Nicaragua por su trabajo como directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual recibe donativos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, la misma agencia que denunció el presidente López Obrador de financiar a Mexicanos contra la Corrupción y Article 19.
La posición de México es ambigua porque nuestro país se abstuvo de condenar al régimen de Daniel Ortega en el seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, mientras que sí lo hizo en un comunicado conjunto con Argentina.
Es contradictoria porque por un lado invoca los derechos políticos, civiles y electorales para juzgar que en Nicaragua hay persecución política contra los candidatos opositores a Ortega, pero por el otro, invoca el principio de no intervención para apoyar “el normal desarrollo de las instituciones democráticas” en Nicaragua.
Y la posición de México es engañosa porque podría ocultar la intención de incluir en el anunciado proyecto interno de reforma electoral la prohibición a organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente, recibir donativos del extranjero, como respuesta a la ignorada denuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador por el gobierno de Joe Biden,
De esta manera, México se podría curar en salud para rechazar como injerencista, tal como lo hizo ahora por el caso de Nicaragua, cualquier condena de la OEA a una reforma electoral que contemple alguna medida electoral restrictiva en ese sentido, de prohibir el apoyo del extranjero a las ONGs.
México debió condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles precandidatos presidenciales.
La posición de México debe ser digna, institucional y congruente con sus principios, ajena a conflictos personales, como el lamentable pleito escenificado entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Agustín Gutiérrez Canet
gutierrez.canet@milenio.com
@AGutierrezCanet
