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Lunes , 20.05.2019 / 16:36 Hoy

Columna de Agustín de Pavia

Quiero más colegas con discapacidad

Agustín de Pavia

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Soy abogado, orgullosamente una persona con discapacidad (PcD), tengo parálisis cerebral y soy defensor de los derechos de las PcD.

Yo debí incluirme solo porque en México no existía aún un Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Cuando nací, todos les decían a mis padres que no podrían hacer nada, que era mejor dejarme en una casa de asistencia. Hoy, solo 50.5 por ciento de las PcD están cubiertas por programas sociales.

Mi vida es una muestra de que la asistencia social no es la única solución para la inclusión.

Con mi familia nunca aceptamos los estereotipos sobre la discapacidad y ya desde niño yo luchaba contra la discriminación. Yo quería ser abogado precisamente para poder defenderme de esas situaciones que hoy siguen siendo moneda corriente.

Hoy como abogado me gano la vida y me va bien. Por eso puedo decir con todas las letras que el problema de la discapacidad no es la pobreza, sino la discriminación. Parece que mi historia fue fácil, pero no, les juro que fue un logro personal totalmente a contracorriente de la mínima inclusión que ofrece México.

Quince por ciento de la población mundial vive con una discapacidad. En México solo es 6.6 por ciento, según el Inegi. Esto demuestra que en el país da pena la discapacidad y no se visibiliza ni en los censos, en lugar de celebrar la misma como parte de la diversidad de la humanidad.

De las 7.7 millones de PcD, solo 5 por ciento tiene estudios universitarios y únicamente 2 por ciento trabaja en un empleo con alguna responsabilidad y por el cual recibe un salario justo.

Vivimos en un país donde la discapacidad es uno de los primeros tres motivos de discriminación, a la par con ser mujer o persona adulta mayor. En 2017, 24 por ciento de las PcD sufrieron discriminación, pero solo una de cada 10 la denunció, según la encuesta nacional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sobre el tema.

Por esta razón, entre muchas otras, es importante que exista el Conadis, una institución pública que denuncia la discriminación, pero fundamentalmente propone soluciones a través de políticas públicas.

La inclusión no es un tema social, es un tema de derecho.

Mi carrera estuvo marcada por dos momentos históricos: cuando ingresé a la Escuela Libre de Derecho (ELD) en 2000, justo ese año se incluyó en la Constitución el Derecho a la No Discriminación, y exactamente cuando terminé la carrera, México redactó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD), un tratado internacional de derechos humanos para la ONU que le da voz a las PcD en la sociedad y en su gobierno, vía institutos públicos de inclusión de la discapacidad como Conadis y Conapred. Los dos organismos y la propia convención fueron propuestas de don Gilberto Rincón Gallardo.

Mi primer trabajo fue precisamente en Conadis, cuando era una oficina dentro de la Secretaría de Salud. Allí se podía hacer poco, porque la propia Ley de Salud limitaba cualquier iniciativa a temas sanitarios, con lo cual era común que nos negaran presupuesto para, por ejemplo, rampas en la vía pública.

Que la dirección de temas vinculados con la discapacidad viva dentro de una secretaría en especial genera esos choques internos de prioridades. Es la razón por la cual muchas organizaciones de PcD hemos luchado por un instituto autónomo, cuya única meta sea trabajar 100 por ciento en inclusión.

Como la inclusión involucra muchos temas, muchos espacios y muchas áreas, decidí trabajar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para aprender sobre políticas públicas y violaciones a derechos humanos; luego pasé por el INAI para conocer a fondo sobre transparencia, y finalmente en la Segob como subdirector de Políticas Públicas.

Dejé de ser servidor público no por gusto, sino por que sencillamente no podía llegar a mi trabajo. La ley burocrática no permite —aunque suene insólito— hacer ajustes razonables (léase una rampa). Fui víctima de una de las 50 leyes federales pendientes de reformar para que haya inclusión plena y en todos los ámbitos en México.

Hoy, solo seis de cada 10 oficinas del gobierno son accesibles y es la razón por la cual hay apenas 5 mil 176 personas con discapacidad trabajando en el gobierno federal.

No solo no se puede trabajar, tampoco se puede militar ni formar parte de un proceso electoral.

En las elecciones de 2018, en reconocimiento a mi capacidad y compromiso por la inclusión, me presenté como candidato a un cargo público; nuevamente fui una rara avis, porque solo 0.3 por ciento de quienes se postularon eran personas con discapacidad.

En estos más de 10 años de experiencia me queda claro que es indispensable fortalecer al Conadis en vez de cambiarlo por una dirección general, como propone la secretaria de Bienestar.

Hoy motivo a mis alumnos y alumnas de la licenciatura y la maestría de la ELD y de la UP a promover la inclusión de las PcD, como en su momento lo hicieron mis profesores, entre ellos ni más ni menos que Rincón Gallardo, y les recuerdo que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien prometió en su campaña crear un instituto para PcD.

Y les recuerdo también que existen medios de defensa del derecho a la inclusión tanto a nivel nacional como internacional.

Soy una minoría ínfima dentro de otra minoría.

Yo logré ser abogado y profesor de derecho, pero estoy fuera de la historia que vive la inmensa mayoría de las personas con discapacidad.

No habrá muchos más profesionistas ni mexicanos gozando de todos los derechos que le corresponden si se eliminan organismos creados para asegurarlos, como el Conadis.

* Abogado especializado en Derechos Humanos y Personas con discapacidad. Director general de la fundación Yo También

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