El general John F. Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América, instruyó la contratación de cinco mil agentes nuevos de la Patrulla Fronteriza y 10 mil para el Servicio de Inmigración y Aduanas. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las órdenes ejecutivas del nuevo titular del Ejecutivo de la Unión Americana por las que se establecen los lineamientos para la puesta en marcha de la política de seguridad al interior de dicho país. El siguiente paso será el acordar con los gobiernos locales su colaboración para actuar como autoridades migratorias y compartir las facultades constitucionales que solo el Poder Ejecutivo Federal tiene en la Unión. Muy probablemente el desdoblamiento de dichas funciones se realizara con amplia discrecionalidad y violaciones a los derechos humanos de los migrantes no autorizados. Kelly ha señalado que no habrá deportaciones masivas pero las redes sociales reportan el acoso de migrantes en diversos estados.
Las deportaciones de mexicanos en los Estados Unidos iniciaron en 1954 con "Wetback" por la que 1.3 millones regresaron a territorio nacional. Más tarde, derivado del endurecimiento de las políticas de seguridad, tras los atentados terroristas de 2001 inicia una nueva era en los controles fronterizos, así como en la movilidad humana entre los dos países. La circularidad se detuvo y los riesgos de emigrar por cruces fronterizos no autorizados se incrementaron generando grandes incentivos para alargar sus estancias laborales en territorio estadounidense. Posteriormente, la reunificación familiar se convirtió en un objetivo para las familias dividas y el uso del coyote para cruzar a los hijos derivó en la crisis de niños y niñas migrantes no acompañados en 2014. Aún y cuando el Presidente Obama ganó su primera elección con la promesa de hacer una reforma migratoria y lo remarcó en su proceso de reelección, fue quien a través del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) inició la era de deportaciones de inmigrantes no autorizados que representen una amenaza a la seguridad nacional. Las deportaciones en 2009 fueron de 95,664, 436,377 en 2012 y terminaron en más de tres millones de deportados (2'833,849 mexicanos) en 2016. Al mismo tiempo, a nivel local, en algunos estados como Arizona y Alabama imitaron leyes antiinmigrantes como lo habían intentado promover en California (propuesta 187) años atrás. Texas solicitó en 2014 que mil efectivos de la Guardia Nacional fueran destacados en la frontera con México para combatir a los cárteles de la droga. En 2017, desafortunadamente el binomio migración-seguridad ha marcado el diseño de las políticas públicas que ha dominado en la escena política en las últimas décadas y todo apunta a que pronto habrá nuevo récord de deportaciones.
A todo ello se ha sumado la construcción del muro fronterizo del cual ya ha iniciado la licitación para su primera etapa, misma que habrá de ser financiada por los contribuyentes estadounidenses. También los controles de elegibilidad para el asilo y el refugio se endurecieron haciendo cada vez más difícil poder obtener dicha categoría.
