Por: Roberto Lara Chagoyán
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Es todo un tópico afirmar que la democracia es algo más que la celebración de las elecciones. Además del andamiaje que asegura que los representantes de la ciudadanía ocupen legal y legítimamente ciertos cargos públicos, es necesario contar con instituciones fuertes, lo cual sólo se logra mediante un irrestricto respeto al imperio de la Constitución. La distribución del poder, mediante un sistema de equilibrios, pesos y contrapesos, es otra de las condiciones necesarias de la democracia. Ese equilibrio está en peligro cuando la longa manus del poder político penetra hasta las entrañas del aparato judicial con el pretexto de “garantizar que se cumplan los propósitos del Constituyente de transformar la impartición de justicia federal en nuestro país, en beneficio de las personas más marginadas”. También se afirma que lo que justifica esta propuesta es que la reforma necesita, “tiempo”, “continuidad” y un “cambio cultural”. El mensaje político es muy claro: “queremos que sea este presidente de la Corte —no otro— el que garantice el cumplimiento de la reforma en los términos que nosotros queremos. Necesitamos que sea él quien dé continuidad a nuestro proyecto para garantizar el cambio cultural”. El tono en primera persona del plural tiene un tufo inconfundiblemente antidemocrático.
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