Por: Alejandra Tello Mendoza
Ilustración: Ricardo Figueroa, cortesía de Nexos
De acuerdo con el padrón contribuyentes del SAT en 2019 había 3 741 788 personas físicas con actividad empresarial y servicios profesionales. ¿Sería razonable crear un modelo de vigilancia para evitar que estas personas hagan publicaciones en sus redes sociales a favor o en contra de candidaturas y partidos políticos y, en su caso, vamos a cuantificar estos beneficios monetariamente? En los hechos esto implicaría, nos guste o no, restringir los derechos políticos y la libertad de expresión de más de tres millones de personas. ¿Esto es deseable para una democracia?¿El INE tiene la capacidad de monitorear a todas estas personas? Otra pregunta que debemos discutir: ¿A partir de cuántos seguidores se puede considerar a alguien influencer? ¿Mil, diez mil, un millón? Hay veces que las elecciones se definen por tan sólo un centenar de votos. ¿Si alguien con mil seguidores hace un contenido viral a favor de un candidato vamos a fiscalizarlo? Parecen preguntas absurdas pero justo son las que debemos hacer para dimensionar los absurdos a los que podemos llegar si pretendemos regular sin discusión previa las redes sociales. Insisto, estamos aun lejos de comprender los verdaderos efectos del Internet en las elecciones y la excesiva simplificación que hacemos nos puede llevar a grandes falacias y equívocos.
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