Por: Raúl Orozco Magaña
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
En México, el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) es un ejemplo representativo de una respuesta a un problema público que involucra al gobierno federal en su diseño y a los gobiernos municipales en su implementación. El FISM es la variante municipal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33, creado en 1998 con el objetivo de descentralizar el gasto federal a través de transferencias condicionadas de recursos orientadas a la reducción de la pobreza y el rezago social mediante la inversión en obras de infraestructura básica. Durante más de dos décadas de existencia, el FISM ha sido objeto de modificaciones para que sus recursos se dirijan de mejor manera al cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, los órganos de fiscalización local, así como la propia Auditoría Superior de la Federación, siguen encontrando una observación recurrente en la revisión de las cuentas públicas: los gobiernos municipales invierten porcentajes significativos de los recursos del FISM en obras y acciones que no contribuyen de manera directa a la reducción de la pobreza y el rezago social.
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