Por: Nancy García Vázquez y Antonio Ruiz Porras
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
En 2021, el Gobierno de Jalisco realizó una reasignación de 140 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y los dirigió para construir el Hospital Civil de Oriente; recursos que ya habían sido aprobados y etiquetados por el Congreso del Estado de Jalisco y también por el Consejo General Universitario de la UdeG. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado dos controversias constitucionales en esta materia, una promovida por la propia UdeG y otra por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, lo ha hecho por razones procedimentales, sin discutir “el fondo” del asunto. Cabe señalar que la ruta jurídica de la UdeG sigue avanzando por la vía del amparo. Debe puntualizarse que el conflicto no sólo es presupuestal sino también patrimonial, en tanto que se invade la independencia sobre la planeación de la infraestructura de la universidad. Este conflicto también es profundamente político, pues hay diferentes grupos de poder —estatales y federales—, que se están confrontando en los niveles federal y estatal y en los ámbitos jurídicos, administrativos e institucionales. En ese clima de encono, más de 100 000 universitarios han salido a las calles para exigir respeto a la vida institucional de la Universidad.
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