Por: Mauricio Calcaneo
Ilustración: David Peón, cortesía de Nexos
Hasta ahora la regulación de las redes sociales en el país –y en gran parte del mundo– se ha basado en la autorregulación empresarial, es decir, en un enfoque sustentado en el libre mercado y la no intervención estatal que deja en manos de las propias empresas la determinación de las reglas conforme a las cuales las mismas funcionan. En palabras de Jack Goldsmith, profesor de leyes de Harvard, el modelo imperante en la actualidad prácticamente a lo largo y ancho del orbe es el de un Internet libre, impulsado en su momento por el gobierno estadounidense, sus dos pilares son la preeminencia del libre mercado en el mundo digital y un enfoque anti-censura que es refractario a cualquier tipo de intervención. Esto tiene su asidero legal en Estados Unidos en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, conforme a la cual las empresas de redes sociales gozan de inmunidad con relación a las publicaciones de sus usuarios, al tiempo que se les permite moderar los contenidos que se publican en ellas –lo que ha permeado al resto del orbe por la vía de los hechos.
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