Organizaciones y colectivos de la sociedad civil hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que la discusión sobre las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) se lleve a cabo mediante un ejercicio de Parlamento Abierto amplio, plural, informado y sustantivo.
Las agrupaciones señalaron que la Lgeepa es la ley marco del sistema jurídico ambiental mexicano y uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, con disposiciones que inciden en la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención de la contaminación y la evaluación ambiental.
Reconocieron que actualizar la normativa es necesario debido a los nuevos desafíos ambientales y a la evolución del derecho ambiental internacional, sin embargo, subrayaron que la reforma no debe estar determinada por ‘la prisa’. Recordaron que el proceso que condujo a la reforma de 1996 requirió alrededor de 18 meses de discusión para incorporar distintas perspectivas y fortalecer el marco jurídico.
Los firmantes aclararon que su solicitud no busca frenar la reforma, sino asegurar su correcta elaboración mediante la escucha de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, academia, personas expertas, organizaciones sociales, sectores productivos y autoridades.
De acuerdo con un comunicado, un proceso de esta naturaleza permitiría identificar coincidencias, advertir riesgos, evaluar impactos y consolidar soluciones con legitimidad social y solidez técnica y jurídica.
Peticiones de las organizaciones
El llamado presentado al Poder Legislativo establece siete puntos específicos; realizar el ejercicio previo a la dictaminación y aprobación de la reforma, garantizar una deliberación seria y responsable que evite que la urgencia legislativa sea un obstáculo e incluir a sociedad civil, comunidades, academia, expertos, sectores productivos y autoridades de distintos órdenes de gobierno.
También propusieron difundir iniciativas, diagnósticos, estudios y propuestas para permitir un análisis informado, contar con espacios efectivos de deliberación y no únicamente con sesiones informativas y dar a conocer las propuestas recibidas, indicando cuáles fueron incorporadas al proceso y las razones en caso de ser descartadas.
Las organizaciones concluyeron que la reforma definirá las reglas para proteger el patrimonio natural y garantizar el derecho a un medio ambiente sano durante las próximas décadas, por lo que reiteraron su disposición para contribuir de manera constructiva y propositiva al proceso legislativo.
El documento fue firmado por diferentes organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Greenpeace México, entre otros.
MRA
