La industria del acero en México presentó un estudio de emisiones con el busca negociar los impuestos ambientales y las penalizaciones por emisiones de carbono que ya se aplican en diversas entidades del país, reveló la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Lucía Betanzos.
A través de un estudio realizado por la firma especializada CRU Group, la Canacero busca demostrar ante el gobierno federal y las administraciones estatales que el sector nacional es ya uno de los más competitivos y limpios a nivel global.
De acuerdo con los resultados del estudio presentados ante medios, México se posiciona como el país con la menor huella de carbono en la producción de acero crudo, registrando 0.79 toneladas de dióxido de carbono por tonelada producida. Esta cifra coloca a la industria mexicana por delante de competidores como China, Japón y Corea, alcanzando hoy metas de descarbonización que otras regiones tienen proyectadas apenas para el año 2050.
Lucía Betanzos precisó que este documento será el eje para las mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las autoridades estatales. El objetivo es que el diseño de la política climática, incluyendo los impuestos al carbono que ya operan en algunos estados, reconozca el "buen desempeño" del sector y no reste competitividad frente a importaciones de países con mayores niveles de contaminación.
"Este estudio nos da, justamente, la herramienta que necesitábamos para, con datos muy precisos, poder respaldar los argumentos y las solicitudes del sector ante los impuestos ambientales donde Hacienda tiene una participación relevante".
Riesgos globales
El análisis de CRU Group advierte que, mientras en Europa el precio del carbono podría dispararse de los 30-40 dólares actuales hasta superar los 240 dólares una vez que se implementen plenamente los mecanismos de ajuste fronterizo, México tiene la oportunidad de consolidarse como un proveedor de acero de bajas emisiones.
Sin embargo, el sector identificó retos estructurales en México que dificultan acelerar aún más la transición como el uso de hidrógeno verde y otras tecnologías de punta sigue siendo entre 4 y 5 veces más caro que los procesos actuales.
También se hizo un llamado a generar seguridad jurídica y marcos que incentiven la inversión en energías renovables las cuales son clave para reducir la brecha de emisiones restante, y existe preocupación por la calidad y el volumen de recolección de chatarra, insumo que será crítico hacia 2030 y 2035.
MVDJT
