La iniciativa de Ley de Transición Energética (LTE) como está planteada impone un riesgo innecesario a la competitividad de la industria, consideró la Canacero.
La agrupación que integra a los empresarios del sector siderúrgico dijo que se suma a la opinión de Concamin, en el sentido de que se deben diferir las metas de cumplimiento expresadas en el proyecto de Ley de Transición Energética, así como reducir las multas relacionadas a la obligación de contar con Certificados de Energías Limpias (CEL).
Canacero señaló que la LTE tal y como está planteada representa un alto riesgo para la competitividad de la industria por su efecto en el aumento, de manera importante, de los costos de electricidad; además por la imposición de compromisos mayores para México, a los que están tomando países desarrollados con los que competimos, como China y Estados Unidos, que contaminan más y tienen mayores industrias.
México emite el 1 por ciento del total mundial de emisiones de CO2. China, que está inundando de acero el mundo en condiciones de competencia desleal, emite el 26 por ciento; y Estados Unidos, nuestro vecino y socio comercial, el 15 por ciento.
En un documento donde la agrupación expone su postura, mencionó que las metas de energías "limpias" planteadas en la LTE, de mantenerse la definición actual de energías limpias, resultan en un nivel de emisiones para México significativamente menor al que tendrá Estados Unidos, luego de haber implementado su programa de reducción "Clean Power Plan", y muy por debajo de los compromisos de emisiones que está tomado China, nuestro principal competidor en el mundo.
Añadió que estas metas tendrán un impacto negativo en la competitividad de la industria mexicana frente a los principales competidores, aun cuando ya genera menos emisiones.+
Sumado a lo anterior, el privilegiar las energías "limpias" y subutilizar ciclos combinados eficientes impactará el costo de la electricidad en 10 por ciento.
Señaló que para incentivar fuentes de energía "limpia", la LTE establece altas penalizaciones a las empresas por incumplir la obligación de consumir energías limpias:
Multa de seis a 50 salarios mínimos (de 26 a 218 dólares) por MWh para aquellos consumidores que no cumplan sus compromisos de adquirir Certificados de Energías Limpias (CEL).
Dependiendo del nivel en que se fijen las multas, estas equivalen a un aumento en el costo de la electricidad de entre 9 y 72 por ciento sobre las tarifas industriales actuales.
