Luego de que el Congreso aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2023 prácticamente como la envió el gobierno, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), aseguró que se utilizará como instrumento para mantener la preferencia electoral.
“Las proporciones muestran claramente el fuerte sesgo del gasto público hacia los programas predilectos del gobierno que, mediante las transferencias a la población, parecen ser instrumentos para mantener la preferencia de su base electoral”, afirman en su análisis ejecutivo semanal.
El organismo empresarial señaló que la proyección de los ingresos públicos para financiar el gasto propuesto, se elaboró bajo supuestos optimistas, sin la necesidad de planear un déficit excesivo que implica un aumento de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese sentido recordó que en la Cámara de Diputados comenzó la discusión del proyecto de presupuesto o el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) para 2023, que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, y que como en el caso de la LIF, no tendrá cambios importantes.
El Ceesp, organismo que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que el gobierno planea gastar en programas de transferencias (becas y programas de bienestar) el equivalente a 57 por ciento de lo que destinará en salud, a través de todas las agencias públicas, y 54 por ciento de las erogaciones totales en educación.
“La LIF aprobada presenta riesgos de insuficiencia de ingresos públicos recurrentes y de falta de recursos precautorios, mientras que el PPEF favorece los objetivos políticos gubernamentales más que las necesidades sociales más evidentes”, aseguró.
Advirtió que los riesgos de la LIF podrían materializarse en un mayor déficit público, obligando al gobierno a incurrir en mayor deuda o recortar gastos de menor prioridad en sus preferencias para cubrir el faltante. “En su caso, es más probable que se recurra a lo último”.
Indicó que de acuerdo con la proyección del gobierno en 2023 alcanzará 15.5 billones de pesos, “lo que significa que en cuatro años de gobierno la deuda total habrá aumentado en 5 billones de pesos o casi 50 por ciento”.
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