La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifestó su preocupación ante el rápido avance del proceso legislativo para reformar la Ley de Amparo , que considera es el principal instrumento de defensa de los derechos constitucionales en México.
Si bien la versión aprobada ayer en la Cámara de Diputados, y actualmente en discusión en la Cámara de Senadores, incorporó avances relevantes, como la eliminación de la retroactividad en los juicios en curso, aún subsisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica y limitar la protección efectiva de los derechos fundamentales, indicó la ADI en un comunicado.
Señaló que el propósito declarado de la reforma es agilizar la resolución de los procesos judiciales y reducir los litigios fiscales de carácter dilatorio; sin embargo, las modificaciones que restringen la suspensión de actos reclamados podrían generar un clima de inseguridad jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y desincentivando la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo del país.
Para el sector inmobiliario, la seguridad jurídica es clave para detonar proyectos de largo plazo que impulsan el crecimiento económico, la vivienda y la infraestructura urbana, indicó.
La ADI afirmó que la posibilidad de que los desarrolladores enfrenten actos arbitrarios sin mecanismos de defensa eficaces incrementaría el riesgo regulatorio y podría frenar nuevas inversiones, afectando la generación de empleo y el desarrollo de las ciudades.
La asociación hizo un llamado respetuoso a los senadores para que, en el proceso legislativo en curso, prioricen la certeza jurídica, el acceso efectivo a la justicia y la protección de las garantías individuales.
Estos aspectos son pilares indispensables para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento sostenible de México, señaló.
Asimismo, pidió que se preserve el equilibrio, el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares.
MRA
