La expansión desmedida de la infraestructura de gas natural o fósil y los intentos por reactivar la extracción de hidrocarburos no convencionales bajo nuevas denominaciones técnicas amenazan con consolidar una dependencia estructural en México hacia después del año 2050.
Este contexto alertó a los especialistas durante la presentación de un reporte del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI).
Durante el encuentro, Aleida Azamar, experta del sector, señaló que proyectos de largo plazo como nuevos gasoductos, terminales de exportación, así como centrales de ciclo combinado generan inercias financieras y políticas difíciles de revertir, las cuales obligan a mantener su uso incluso cuando dejen de ser viables ambiental o económicamente.
El mito del fracking ‘sustentable’
La especialista enfatizó que actualmente existen esfuerzos por presentar la explotación de gas no convencional mediante técnicas experimentales o nombres ‘elegantes’ para desmarcarla del impacto negativo del fracking tradicional.
Sin embargo, advirtió que las implicaciones territoriales y sociales permanecen intactas.
"No existe el fracking sustentable. Más allá del nombre utilizado, el problema es que sigue estando presente el alto impacto territorial y social en regiones donde muchas veces ya existen conflictos ambientales previos”, expresó Azamar.
¿Qué impacto podría tener el fracking?
Azamar apuntó que adoptar el fracking como una solución estructural en el país implicaría reproducir las problemáticas observadas en regiones como Vaca Muerta en Argentina o en Estados Unidos.
Esto con la agravante de que México no cuenta con el andamiaje institucional ni la experiencia para mitigar riesgos como el elevado consumo de agua y la alta conflictividad comunitaria.
El análisis del sector destaca que la fuerte inversión en infraestructura gasífera responde a una lógica de integración regional y de conversión del país en una plataforma exportadora hacia Asia, antes que a una estrategia para asegurar el abastecimiento interno.
Por otro lado, la especialista señala que esto implica que las comunidades locales asumirán los costos ambientales y sociales de obras cuyos principales beneficios financieros se concentrarán fuera del territorio nacional, saturando además la ya limitada capacidad de transporte de gas disponible.
Además, agrega que la transición energética no debe reducirse a un debate estrictamente técnico o de sustitución de combustibles.
Finalmente, explica que de no incorporar criterios de equidad social y viabilidad ambiental frente a la rentabilidad corporativa, se corre el riesgo de sustituir la dependencia petrolera por nuevas dependencias tecnológicas, así como mineras asociadas a minerales críticos como el litio y el cobre, profundizando las desigualdades en el largo plazo.
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KL
