El gobierno federal acordó abrir una ruta de trabajo interinstitucional para atender los reclamos de comunidades indígenas, pescadores y organizaciones sociales de la Laguna-Bahía de Ohuira, en Sinaloa, una zona donde persisten preocupaciones por el impacto ambiental y social de diversos proyectos de desarrollo.
A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que representantes de distintas dependencias federales escucharon planteamientos relacionados con la conservación de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua, el saneamiento y la protección de zonas de valor ambiental en la región de Topolobampo.
Como resultado del encuentro, las autoridades anunciaron una serie de acciones para dar seguimiento a las demandas de las comunidades, entre ellas la continuidad de las mesas de diálogo, una nueva inspección ambiental y el establecimiento de mecanismos de coordinación entre dependencias.
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Las peticiones de la comunidad costera de Ohuira
Uno de los acuerdos centrales contempla que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice una inspección actualizada para verificar el estado de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Además, el gobierno federal buscará establecer comunicación con la empresa responsable del proyecto, misma que ha generado parte de las inconformidades, con el objetivo de abrir espacios de diálogo entre las distintas partes involucradas.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó que las autorizaciones ambientales no eximen a los desarrolladores de cumplir permanentemente con las condiciones impuestas por la autoridad.
“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, señaló la funcionaria.
Por su parte, representantes de Conagua, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Economía y otras dependencias federales coincidieron en que la situación de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una atención integral que combine protección ambiental, desarrollo económico y participación comunitaria.
Las autoridades también reiteraron que cualquier decisión relacionada con los planteamientos de las comunidades deberá sustentarse en criterios técnicos y legales, además de respetar el derecho de las personas a manifestarse.
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CQ
