Las grandes compañías de tecnología se irían a la cama prácticamente con cualquiera que esté dispuesto a oponerse a las regulaciones que amenazan su modelo de negocio, que prospera gracias al contenido viral más extremo. El apoyo servil de Silicon Valley a Donald Trump es un buen ejemplo.
Pero la semana pasada, los estadunidenses pudieron observar de forma única a uno de los defensores más acérrimos de las grandes compañías de tecnología en el extranjero.Nigel Farage , líder del partido Reformista, de derecha populista, compareció en la reunión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para advertir a los estadunidenses sobre los peligros de la Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido, que, según él, está convirtiendo a Gran Bretaña —que Reporteros Sin Fronteras clasifica entre los 20 países con mayor protección de la libertad de expresión— en un estado censor similar a Corea del Norte.
Farage argumentó que la ley, que busca mantener la pornografía infantil y el extremismo político violento fuera de internet, “dañará el comercio entre nuestros países, amenazará la libertad de expresión en Occidente debido a las repercusiones de esta legislación por parte nuestra o de la Unión Europea” e incluso provocará que los estadunidenses que viajen a Reino Unido sean encarcelados. “Es una amenaza potencialmente grave para los jefes del sector de tecnología (y) para muchos otros”, afirmó.
Es difícil ver a Farage, quien en su momento expresó su admiración por Vladímir Putin y públicamente criticó las protestas a favor de Gaza en Reino Unido, como un referente del liberalismo. Pero se le puede reconocer su preocupación por los oligarcas estadunidenses del sector de tecnología. Sus objetivos y los de ellos coinciden bastante bien. Los populistas de derecha de toda Europa quieren destruir la capacidad de Reino Unido y la Unión Europea para regular las grandes plataformas tecnológicas, una medida que puede amenazar sus campañas de desinformación con un debate político genuino.
Trump y su administración quieren ayudar a esos aliados mientras apuntalan a las grandes firmas de tecnología que impulsan el efervescente mercado de valores. Si los mercados se desploman, él también está acabado.
Estos dos objetivos alcanzan su punto álgido en la cruzada de la administración contra la Ley de Servicios Digitales de Europa (DSA, por su sigla en inglés), que, al igual que la Ley de Seguridad en Línea, busca frenar el extremismo político, la delincuencia y el fraude en línea. En julio, los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron un informe titulado “La amenaza de la censura extranjera: cómo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea impone censura global e infringe la libertad de expresión estadunidense”. El documento contiene varios puntos de discusión que me recuerdan lo que he escuchado durante los últimos 20 años de los grupos de cabildeo del sector de tecnología que buscan usar la Primera Enmienda para eludir cualquier responsabilidad por los daños causados.
El informe contiene una serie de ejemplos engañosos sobre el funcionamiento de la Ley de Servicios Digitales, lo que provocó la indignación de académicos y grupos de la sociedad civil tanto en EU como en Europa. Jamie Raskin, el miembro demócrata de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, publicó un documento que corrige las afirmaciones erróneas, incluida la idea de que la interferencia rusa en las elecciones es un mito (no lo es) y que la DSA acabará con el debate político en Europa (las acciones de la DSA contra el contenido ilegal representan menos de 0.001 por ciento de lo que se elimina; de hecho, la mayor parte de la moderación la realizan de manera voluntaria las propias plataformas). Decenas de destacados académicos también enviaron una carta a los líderes de la Cámara de Representantes defendiendo la DSA y desmintiendo las afirmaciones de que es una herramienta de censura.
Raskin, quien aniquiló a Farage en la comparecencia de la semana pasada señalando sus hipocresías y ambigüedades sobre el tema, señaló que “Trump y el señor Farage afirman ser defensores de la libertad de expresión, pero solo quieren proteger la libertad con la que están de acuerdo”. (Es justo: recuerden que los republicanos en general y el propio Trump criticaron a las grandes compañías de tecnología durante los años de Obama y Biden, cuando parecían más alineadas con los intereses demócratas).
Cuando le pregunté a Raskin por teléfono si le preocupa más el populismo de derecha en Estados Unidos y Europa, o el poder de los oligarcas de las grandes compañías de tecnología, respondió: “No es una cuestión de una u otra. Si bien el motor de la campaña por la libertad de expresión son las grandes empresas estadunidenses de tecnología (y sus grupos de cabildeo), Trump, Farage y otros derechistas, quienes quieren dividir a estadunidenses y europeos por igual, explotan el problema.
La solución, dice Raskin, es la “solidaridad democrática transnacional”. Quiere que las personas de todos los partidos y países que creen en las normas democráticas colaboren, dado que Trump y los titanes tecnológicos libran una batalla para permitir que las plataformas estadunidenses dominen. Son testigos de ello las instrucciones que Trump dio en agosto a diplomáticos estadunidenses en Europa para que construyeran una campaña de oposición al DSA, y las amenazas del secretario de Estado, Marco Rubio, de prohibir las visas a los que “censuren” el discurso de los estadunidenses.
En una publicación en redes el 25 de agosto, Trump amenazó con imponer aranceles más altos a cualquier país que se atreva a regular a las grandes compañías de tecnología. “Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones de los mercados digitales están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadunidense… las empresas estadunidenses de tecnología ya no son ni la ‘alcancía’ ni el ‘tapete’ del mundo. ¡Muestren respeto por Estados Unidos y nuestras increíbles empresas tecnológicas o consideren las consecuencias!”.
Ni una palabra sobre la libertad de expresión, pero sí sobre la protección de las utilidades de las grandes firmas de tecnología.
