Las grandes empresas de criptomonedas se oponen a un proyecto de ley histórico para regular los activos digitales, que los grupos de cabildeo de la industria impulsaron con prisa para que se aprobara un reglamento favorable antes de las elecciones de mitad de mandato.
El proyecto de ley, conocido como Clarity Act (Ley de Claridad), una legislación de amplio alcance para regular el multimillonario sector estadunidense de las criptomonedas, se retrasó en el Senado esta semana después de que el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, retirara públicamente su apoyo.
Las disputas internas sobre la legislación, una versión de la cual fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio con el apoyo de los grupos de cabildeo del sector de criptomonedas, ponen en peligro los esfuerzos para que el proyecto se apruebe en el Senado antes de que los legisladores centren su atención en las elecciones legislativas de este otoño.
“Definitivamente, se asume que las criptomonedas no van a tener un Congreso favorable después de las elecciones de mitad de mandato”, dijo Gabe Rosenberg, socio del bufete de abogados Davis Polk.
El descontento en torno a la legislación marca el primer gran revés político para la industria estadunidense de las criptomonedas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Su administración convirtió a las criptomonedas en una prioridad nacional y busca implementar regulaciones favorables al sector cripto, además de indultar a figuras reconocidas del sector y firmar la llamada Ley Genius para regular las stablecoins.
La Clarity Act introduce un amplio marco regulatorio para los activos digitales, desde bitcóin hasta derivados poco conocidos, y determina qué agencia, entre los reguladores de valores y materias primas del país, debe supervisarlos.
Las empresas de criptomonedas han tenido que enfrentarse a los grupos de cabildeo del sector bancario a raíz del proyecto de ley, y la principal disputa se centra en las recompensas que se pagan a los poseedores de stablecoins. Los bancos luchan para limitar ese tipo de recompensas, argumentando que permitir que las personas ganen más intereses con tókenes vinculados al dólar que con sus cuentas bancarias conducirá a una “fuga de depósitos” y que disminuyan los préstamos.
El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, en una teleconferencia sobre resultados esta semana, dijo que una salida de fondos del sistema bancario tradicional “reducirá la capacidad de préstamos de los bancos, algo que perjudicará en especial a las pequeñas y medianas empresas”, en comparación con los solicitantes de préstamos más grandes que tienen acceso a otras fuentes de deuda.
Los bancos de Estados Unidos están “gastando mucho dinero en cabildeo” para impedir que las compañías de criptomonedas puedan pagar intereses, dijo Geoff Kendrick, director global de investigación de activos digitales de Standard Chartered. Añadió que los bancos “saben que están en problemas” en cuanto a la competencia.
Los tókenes que representan la propiedad de acciones son otro punto de fricción, y los participantes del sector cripto se quejan de la incorporación de última hora de un texto que hará más difícil la autorización para operar con estos activos.
Jonathan Jachym, director global de políticas y relaciones gubernamentales de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken, dijo que los cambios “crearon fricciones y distracciones innecesarias”.
Mientras tanto, los grupos financieros descentralizados se enfrentan a políticos y creadores de mercado más tradicionales por las obligaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y otros controles. Argumentan que estas normas harían más difícil para los desarrolladores de software la creación de sistemas de criptomonedas sin supervisión centralizada, lo que obstaculizaría la innovación.
Estas disputas contribuyeron al cambio de opinión de última hora de Coinbase y llevaron a la cancelación de una revisión del comité del Senado, conocida como mark-up (análisis de redacción y corrección del borrador), la noche anterior a su inicio.
“Hay muchas fuerzas en juego, y se unieron en el último segundo para un proyecto de ley que aún se estaba negociando horas antes del mismo análisis del mark-up”, declaró Ron Hammond, director de políticas y defensa de Wintermute.
Los políticos demócratas presionan para que se limite la posibilidad de que los funcionarios públicos se beneficien de sus vínculos con las empresas de criptomonedas, una medida que, en parte, afecta a los amplios intereses de la familia Trump en el sector.
Los grupos de cabildeo del sector cripto temen que si los demócratas ganan escaños después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre o toman el control de alguna de las cámaras del Congreso, el sector de los activos digitales se enfrentará a un ambiente mucho más escéptico.
El destino del proyecto de ley de casi 300 páginas es incierto, ya que el Senado se encuentra en receso y todavía no se fija una fecha límite para otra votación en comisión.
“Aún tiene impulso, y ese es el principal factor que lo detenga o que lo impulse”, dijo Hammond. “En cuanto este proyecto de ley pierda impulso político, lo consideraría inoperante, pero en este momento, tiene mucho impulso gracias a todas esas presiones externas, entre ellas la de la Casa Blanca”
Con información de: Joe Miller
