En la actualidad existe un cinismo sobre el gobierno en Estados Unidos que me parece increíblemente desalentador. No se trata de una falta de buenas personas en el servicio público, al menos a escala federal. Y, sin embargo, ni siquiera los muchos que tienen talento logran hacer las cosas tan rápido. Existe una creencia arraigada de que el gobierno, como dijo Reagan, es el problema, no la solución.
Pero el verdadero problema no es el gobierno en sí: es la burocracia. EU es un país grande, complejo y diverso. Y durante el último medio siglo aproximadamente, tanto el sector público como el privado se han hecho cada vez más grandes y burocráticos.
Las organizaciones grandes y complejas con capas y capas de directivos representan la mayor parte del empleo en EU y la inmensa mayoría del valor del S&P 500. Del mismo modo, el marco burocrático del propio gobierno se ha expandido hasta convertirse en una maraña de trámites burocráticos desde la década de 1960.
Como escribió Philip K. Howard, fundador de la organización sin fines de lucro Common Good, “las agitaciones (sociales y políticas) de la década de 1960 hicieron que las organizaciones públicas dieran un giro brusco… hacia las prescripciones legales y burocráticas”, con la esperanza de que más reglas purguen todo mal comportamiento por parte de las instituciones y las personas con autoridad.
Algunas de las nuevas reglas eran buenas, cubrían aspectos como los derechos civiles, la protección ambiental y la seguridad de los productos, pero la reglamentación ha florecido en todos los ámbitos. A finales de los 50, el Registro Federal, que contiene todas las normas y las propuestas del gobierno federal, tenía alrededor de 10 mil páginas. En la actualidad, su tamaño es casi 10 veces más grande.
La complejidad de muchas de estas reglas es asombrosa. Soy fanática de las políticas, pero incluso a mí me cuesta trabajo entender muchas partes de las reglas y regulaciones comerciales, financieras o energéticas.
La complejidad es un gran reto, la mente humana en realidad no está preparada para comprender múltiples puntos de datos en detalle. Somos mejores entendiendo los principios y nos gusta cuando se nos da la libertad de implementarlos como queramos. Montones de reglas establecidas para resolver situaciones particulares que pueden o no ser aplicables en el momento frustran a la mayoría de las personas.
He visto, por ejemplo, granjas a las que etiquetan como humedales después de que un pájaro equivocado aterriza en una hilera de cultivos. He visto cómo propietarios de fábricas tienen que reconstruir operaciones enteras porque un tipo de pintura determinada está prohibida.
He escuchado a ejecutivos del sector minero estadunidenses decirme que les tomará entre cinco y seis años obtener un permiso para abrir instalaciones de minerales de tierras raras.
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Y no me hagan hablar de los formularios de ayuda federal para estudiantes o de los códigos de construcción en Nueva York.
No es que las intenciones sean malas por parte de las autoridades reguladoras. Lo que pasa es que es difícil poder contabilizar todos los matices de un paradigma aplicable para todos. Y siempre es la persona que no tiene influencia, que no tiene la capacidad de ejercer presión o litigar, la que más sufre por el exceso de reglamentación.
El costo es otro gran problema de la burocracia. De acuerdo con un estudio de 2016 que llevaron a cabo los académicos Gary Hamel y Michele Zanini, el desperdicio burocrático —en forma de retrasos, duplicación de trabajo, exceso de regulación, exceso de administración, papeleo inútil, etcétera— le cuesta a Estados Unidos alrededor del 17 por ciento de su PIB cada año. Esa cifra bien podría ser más alta en la actualidad, dado el aumento tanto de la concentración corporativa como del tamaño y la ambición del sector público desde que se realizó el estudio.
Algunos de los ejemplos más flagrantes de despilfarro se dan en áreas como la atención de salud, donde la disfunción tanto del sector público como del privado se junta en un guiso tóxico de búsqueda de rentas. De acuerdo con un estudio del Commonwealth Fund, alrededor de 30 por ciento del exceso de costos en la atención de salud estadunidense se deben a la burocracia.
Todo esto sería un gran problema en cualquier momento, pero se ha vuelto existencial desde 2021, cuando la administración Biden inició su enorme programa de estímulo del sector público, que, con bastante razón, tiene el objetivo de mejorar tanto la debilitada infraestructura del país como sus bienes comunes industriales.
Si bien el dinero que proviene directamente de la Casa Blanca llegó con relativa rapidez a las comunidades, los proyectos todavía se enfrentan a varios retrasos y cargas administrativas.
Consideremos, por ejemplo, que fue necesaria una ley del Congreso para aprobar el proyecto del gasoducto Mountain Valley para llevar gas natural extraído mediante fracking desde el oeste de Pensilvania, Ohio y Virginia Occidental a los mercados de todo el Atlántico medio y el sureste debido a desafíos regulatorios y obstáculos legales. Es posible que no les guste el esquisto, pero si ya decidimos utilizarlo, también podemos facilitar su transporte entre estados.
Las mayores necesidades de energía relacionadas con la Ley de Reducción de la Inflación de Biden y con el crecimiento de la inteligencia artificial (que requieren mucha electricidad nueva) pueden ser el momento de la verdad.
La infraestructura regulatoria en EU no ha estado a la altura de la creciente necesidad de electricidad, y el número de proyectos para mejorar las redes eléctricas que deben aprobarse se disparó. Por ejemplo, AEP, una importante empresa de servicios públicos, recién presentó su testimonio ante el Congreso de que tomará una década permitir y construir muchos de esos nuevos proyectos cruciales.
Más personal ayudaría, pero también menos reglas. Acelerar las cosas será clave para reconstruir mejor y garantizar que los estadunidenses puedan empezar a ver al gobierno como una solución, no como un problema.
