El cumplimiento de la ley antilavado será un desafío dado el avance de los criptoactivos y las plataformas tecnológicas, señalaron expertos, quienes subrayaron que para México será un reto la prevención del lavado de dinero.
En un panel para analizar la nueva ley antilavado en el marco del Segundo Congreso Internacional organizado por la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento (Asonoc), Víctor Hugo Guerra, Head Global Compliance Task Force y académico de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz, señaló que el avance de los criptoactivos y la tecnología exige a los oficiales de cumplimiento considerar el impacto de la política exterior estadounidense, particularmente en materia arancelaria, dentro de sus análisis de riesgo.
Fabrizio Bon Veccio, presidente del Instituto Ibero-Americano de Compliance (IIAC), dijo por su parte que será prioritario que los oficiales de cumplimiento estén muy bien capacitados, al igual los sujetos obligados para hacer cumplir la ley.
Los especialistas destacaron la posición de México en materia de corrupción y el riesgo asociado a los bienes de uso dual en las exportaciones.
Juan Medrano, presidente de J&A Global Compliance, resaltó la posición de México como importador y exportador de componentes electrónicos, químicos y otros insumos utilizados en manufactura, muchos de los cuales califican como bienes de uso dual, por ejemplo, el alcohol isopropílico (se usa para el gel antibacterial) y el botox, así como drones, celulares, pueden ser insumos críticos en cadenas ilícitas, un riesgo que frecuentemente no está en el radar de los sujetos obligados.
En tanto, Elimelec Moreno, presidente de la Asonoc, explicó quiénes son los sujetos obligados: “Son las entidades financieras, obviamente todo el universo: bancos, sofomes, sofipos, cajas de ahorro, centros cambiarios, casas de bolsa etcétera”.
Moreno también mencionó cuáles son en México las actividades vulnerables, las que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) describe como actividades y profesiones financieras no designadas que son las actividades de alto riesgo, el traslado de valores, la comercialización de arte, el préstamo y el mutuo fuera del sistema financiero, la comercialización de activos virtuales, el desarrollo inmobiliario, la construcción, la fe pública.
El presidente de Asonoc mencionó que muchas de estas actividades carecen de un enfoque adecuado basado en riesgo, lo que limita su capacidad para cumplir eficazmente con los estándares del GAFI, subrayó.
Alertó lo que pudiera pasar en el futuro, cuando se vaya aplicando la legislación, e insistió en la necesidad de hablar de la reforma a la Ley Antilavado (Ley PIORPI) y de fortalecer su aplicación frente a un entorno particularmente vulnerable: una frontera de más de tres mil 500 kilómetros con Estados Unidos, altos niveles de corrupción y una creciente porosidad institucional. Todo ello incrementa de manera significativa los riesgos de actividades ilícitas.
A pesar de contar con un marco normativo, Moreno dijo que en el Segundo Congreso Internacional de Asonoc, en las ponencias resaltaron que México enfrenta brechas importantes en entendimiento, robustez y aplicación, pues muchas empresas se concentran en “cumplir para evitar multas, pero no necesariamente en prevenir los riesgos de fondo tales como: lavado de activos, financiamiento al terrorismo o proliferación de armas.
nrm
