El mes pasado, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, hizo una promesa de impuestos que provocó un escalofrío entre los analistas. No. No se trató de los impuestos irlandeses y europeos; en vez de eso, al hablar en la televisión estadunidense prometió que el gigante de tecnología repatriará alrededor de 200 mil millones de dólares en efectivo que tiene en el extranjero, si había una tasa de impuestos “razonable” en EU.
Al principio esto parecía más una postura. Después de todo, las empresas estadunidenses como Apple se quejan desde hace años que el régimen fiscal de Estados Unidos desalienta la repatriación. Pero ahora el compromiso de Cook cobró nueva vida. La semana pasada, Margrethe Vestager, jefa de la Comisión de Competencia de la Unión Europea, acusó a Apple de pagar 13 mil millones de euros menos de impuestos en Irlanda. Cook desestimó el fallo como una “basura totalmente política”. Pero en un intento por desairar a Bruselas, ahora declaró que espera que la “repatriación se realice el próximo año”; al parecer, Apple ya reservó “varios miles de millones de dólares” para pagar los impuestos estadunidenses.
Los inversores y los expertos de política de EU deben tomar nota. El comentario de Cook seguramente no apaciguará a Vestager, tampoco va a calmar la controversia en Dublín. Pero puede acelerar un cambio que está marcha en Washington en el debate de impuestos a las corporaciones.
Es probable que el compromiso de Apple pueda ayudar a redefinir la plataforma de políticas del nuevo presidente en 2017, ahora que la cuestión de la repatriación del dinero de las empresas es uno de los pocos temas que actualmente tienen en común las campañas de Donald Trump y Hillary Clinton. A medida que los candidatos luchan para encontrar ideas que impulsen el crecimiento, los dos discuten sobre exenciones fiscales de única ocasión para alentar a las empresas a llevar el dinero a casa.
Nadie se pone totalmente de acuerdo respecto a lo que puede constituir una tasa “justa”. Trump parece que está a favor de un número cerrado memorable, como de 10 por ciento, en lugar de la tasa habitual de 35 por ciento. Sin embargo, su asesor económico, Tom Barrack, recientemente dijo a Financial Times que prefiere una tasa de entre 5 y 7 por ciento. Otros republicanos están de acuerdo. Por su parte, los demócratas creen que una tasa “justa” debe ser mucho más alta. El año pasado, por ejemplo, el presidente Barack Obama planteó un impuesto de única ocasión de 14 por ciento sobre las ganancias de las empresas estadunidenses en el extranjero y que no se repatriaron.
Pero el tema común en estas propuestas es la idea —o esperanza— de que una exención de impuesto de única ocasión debe combinarse con medidas para alentar a las empresas a promover el crecimiento de EU. Una idea que está en el aire, por ejemplo, es que los descuentos fiscales solo se otorguen a empresas que aumenten el empleo y la inversión. Otra es que el gobierno debe usar los ingresos fiscales para el gasto en infraestructura. Una tercera sugerencia, que es potencialmente interesante, que circula entre algunos asesores del Partido Demócrata, es que las firmas deben almacenar parte de su dinero repatriado en bonos para infraestructura del gobierno.
¿Alguna de esas ideas puede funcionar? La historia da razones para ser escéptico. En 2004 Washington hizo un esfuerzo para alentar la repatriación al ofrecer una supuesta exención fiscal de única ocasión de 5.25% si las empresas prometían utilizar ese dinero en crear empleos e inversión.
Convencieron a gigantes como Pfizer e IBM de repatriar más de 150 mil mdd de fondos. Pero en un informe del Senado de 2011 se señala que el impulso de los impuestos del gobierno fue relativamente pequeño y que no hay mucha evidencia de que las empresas aumentaron la inversión o el empleo. Por el contrario, las 19 empresas más grandes en realidad redujeron 20 mil puestos de trabajo de su plantilla laboral en EU en los siguientes tres año, se sugiere en el informe del Senado, y gran parte del dinero fue a parar a los dividendos de los accionistas y a las recompras de acciones.
Por supuesto, dar el dinero a los accionistas no es algo necesariamente malo. Pero, de otro modo, la experiencia de 2004 sugiere que es un error del gobierno pensar que puede controlar de forma excesiva el gasto corporativo. Tan pronto como terminen las exenciones fiscales, las empresas vuelven a construir sus montones de dinero en el extranjero.
Tal vez ahora los políticos pueden aprender de sus errores. Si los fondos se canalizan a los bonos de infraestructura, por ejemplo, pueden tener un mayor impacto en la economía general. Y si los responsables políticos pueden admitir de antemano que las exenciones fiscales probablemente no resuelvan por sí mismas el problema de empleo, las expectativas pueden ser más manejables.
Pero la lección más importante de la experiencia de 2004 casi es la más evidente: a pesar de que las acciones para repatriar dinero pueden ser útiles, solo tendrán beneficios duraderos si hay una reforma amplia que reduzca el incentivo para que las empresas aprovechen las diferencias entre los códigos de impuestos nacionales. Por desgracia, hay pocas señales de que los políticos en Washington (o Bruselas) logren eso. Hasta que lo hagan, las exenciones fiscales permanecerán más como un truco que como una política económica, justo como la amenaza fiscal de 13 mil mde de Vestager.
gillian.tett@ft.com
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