La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y cifras retomadas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, señalaron que la inseguridad y la delincuencia representaron un costo de 115 mil 100 millones de pesos para los establecimientos del país durante 2025.
Mientras que la extorsión se consolidó como el delito más frecuente contra las empresas, al concentrar 26.2 por ciento de los ilícitos registrados.
Ante este escenario, la organización pidió a las autoridades garantizar mecanismos seguros de denuncia y establecer resultados medibles en el combate a estos delitos.
Durante la cuarta Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, celebrada en Tijuana, Baja California, el presidente del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, advirtió que estas prácticas representan una carga económica adicional para las empresas, particularmente para los pequeños comercios.
“Pero la extorsión no pregunta a qué organismo pertenecemos. Y la corrupción tampoco. Por eso hoy hablamos con una sola voz y con una sola frase: nadie debería de pagar dos veces por trabajar. Una vez con los impuestos que marca la ley y otra de manera ilegal al crimen y a prácticas indebidas”, externó.
Extorsión, el delito más frecuente
De acuerdo con la ENVE 2026 del Inegi, durante 2025, uno de cada cuatro establecimientos del país, el 25.9 por ciento, fue víctima de algún delito.
En total, se registraron alrededor de tres millones de ilícitos contra 1.4 millones de unidades económicas.
La extorsión fue el delito más frecuente, con una tasa de mil 467 casos por cada 10 mil establecimientos, seguida del robo hormiga, con 954, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885.
Además, el costo total de la inseguridad y la delincuencia para los negocios ascendió a 115 mil 100 millones de pesos, equivalente a 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De este monto, 58 mil 900 millones correspondieron a gastos en medidas preventivas.
Otro de los principales problemas identificados por el organismo fue la falta de denuncia, pues 91.8 por ciento de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación, situación que limita la capacidad de las autoridades para identificar y sancionar a los responsables.
“Ahora pedimos que se armonice, que se aplique y que una ley se aplique de manera igual y simultánea en las 32 entidades federativas. No a distintos ritmos, que garantice una denuncia segura, anónima, para que denunciar deje de ser un riesgo y que fije metas públicas, estado por estado y cada tres meses: carpetas, detenidos y sentencias”, afirmó Octavio de la Torre.
Como parte de estas acciones, la organización encabezó la firma simultánea del compromiso denominado La revolución de las conciencias es tarea de todos, con la participación de más de 80 cámaras empresariales conectadas desde las 32 entidades del país.
Por lo tanto, este acuerdo contempla difundir los canales oficiales de denuncia, identificar trámites que faciliten cobros indebidos y revisar los compromisos asumidos a los 15 días.
De igual forma, se estableció la presentación de un primer informe a los 30 días, con cuatro indicadores:
- Negocios atendidos
- Procedimientos administrativos simplificados
- Denuncias canalizadas
- Alianzas activas.
“Porque una firma sin seguimiento puede quedarse solamente en una fotografía. Y lo que queremos las y los mexicanos son resultados”, puntualizó.
Corrupción frena inversiones y apertura de negocios
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, advirtió que los cobros ilegales, así como la intervención de intermediarios en trámites gubernamentales, afectan la actividad empresarial y desalientan nuevas inversiones.
Además, el legislador expuso que, durante 2025, se registraron aproximadamente 787 mil extorsiones contra establecimientos, mientras que en Baja California casi cuatro de cada diez negocios fueron víctimas de algún delito.
“En varios de los municipios, más allá de los partidos políticos, hay una vieja práctica que se da de forma recurrente y que eso justamente desacelera la inversión, la ahuyenta. Ya basta de coyotajes, ya basta de intermediarios, ya basta de aquellas personas que buscan aprovecharse de la confianza de aquellas personas que implementan o inician un trámite”, sostuvo.
En este sentido, propuso que desde el Senado se dé seguimiento a los resultados de las autoridades municipales, estatales y federales en la simplificación de licencias, inspecciones y permisos comerciales.
Industria y transporte advierten afectaciones a cadenas de suministro
Por otro lado, la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, alertó que la delincuencia no solamente afecta los ingresos de las compañías, sino también su capacidad para invertir y mantener operaciones.
“La extorsión no solamente afecta el patrimonio de las empresas, amenaza empleos, frena inversión, encarece la producción, rompe cadenas de suministros y debilita la confianza que se necesita para cualquier economía para crecer”, enfatizó.
Asimismo, explicó que los recursos destinados a enfrentar la inseguridad podrían utilizarse para modernizar instalaciones, adquirir maquinaria, incorporar tecnología y ampliar la capacidad productiva.
Por ello, comprometió la participación de las 76 delegaciones de Canacintra, sus 14 sectores y más de 100 ramas industriales en acciones de prevención y orientación a empresas.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo, destacó que 97 por ciento de las empresas transportistas son micro y pequeños negocios, particularmente vulnerables a los cobros ilegales y las restricciones a la movilidad.
“Está muy bien identificado que una de las formas de extorsionar a nuestro sector, en temas de corrupción misma, es limitar el acceso y la movilidad. Todas las mercancías se mueven por ruedas para llegar a ese destino y todos los mexicanos necesitamos esas mercancías”, explicó.
El dirigente también indicó que el organismo cuenta con un canal para recibir denuncias anónimas y acompañar a los transportistas en su presentación ante las autoridades.
Seguridad reporta cancelación de 300 líneas vinculadas con extorsión
Finalmente, durante el encuentro, el representante del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Martín Díaz Hernández, informó que se han cancelado 300 líneas telefónicas relacionadas con esta práctica delictiva.
Por último, explicó que el centro, que inició operaciones el 19 de octubre, recibe reportes mediante el número 089 y trabaja en coordinación con fiscalías y corporaciones de seguridad para identificar patrones delictivos.
“No es una línea de quejas, es un nodo de inteligencia vinculado directamente con las fiscalías y cuerpos de seguridad para actuar y dar seguimiento real a cada caso”, aseguró.
CQ