El gobierno de Keir Starmer busca una manera de salir de un conflicto con la administración Trump por la demanda de Reino Unido de que Apple le proporcione acceso a datos seguros de sus clientes, informaron dos altos funcionarios británicos a Financial Times.
El Ministerio del Interior británico ordenó al gigante de tecnología en enero que otorgara acceso a su sistema de almacenamiento en la nube más seguro. Los dos funcionarios dijeron que era probable que Reino Unido tenga que dar marcha atrás ante la presión de los altos cargos en Washington, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance.
“Esto es algo que molesta mucho al vicepresidente y que debe resolverse”, dijo un funcionario del Departamento de Tecnología de Reino Unido. “El Ministerio del Interior tendrá que dar marcha atrás”, señaló.
Ambos funcionarios dijeron que la decisión de Reino Unido de obligar a Apple a romper su cifrado de extremo a extremo puede obstaculizar los acuerdos de tecnología con Estados Unidos.
“Uno de los retos para las alianzas de tecnología en las que trabajamos es el tema del cifrado”, dijo el primer funcionario. “Es un límite muy importante en EU: no quieren que nos metamos con sus compañías de tecnología”.
El otro alto funcionario indicó que el Ministerio del Interior se encuentra “entre la espada y la pared”, y añadió: “Es un problema que ellos mismos crearon”.
En su orden de enero, el Ministerio del Interior ordenó a Apple que construyera una “puerta trasera” para permitir que las fuerzas policiales o los servicios de seguridad tengan acceso al sistema en la nube que almacena datos de usuarios, a los que ni siquiera el propio fabricante del iPhone puede acceder.
Lo hizo al amparo de la Ley de Poderes de Investigación de Reino Unido, una legislación que los críticos denominan “carta del fisgón”. El gobierno sostiene que es necesaria para que las fuerzas policiales investiguen el terrorismo y el abuso sexual infantil.
Bajo los términos de la legislación, los involucrados no pueden hablar del asunto públicamente, ni siquiera con los clientes afectados por la orden, a menos que cuenten con el permiso del ministro del Interior.
El uso de la legislación contra Apple desató la batalla de más alto perfil de la industria sobre la tecnología de cifrado en una década.
En respuesta, Apple retiró su servicio de almacenamiento en la nube más seguro de Reino Unido en febrero e impugnó la orden del Ministerio del Interior ante el Tribunal de Poderes de Investigación, que revisa las quejas contra los servicios de seguridad.
El mes pasado, WhatsApp, propiedad de Meta, anunció que se unirá a la demanda legal de Apple.
En un discurso combativo en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, Vance argumentó que la libertad de expresión y la democracia se ven amenazadas por las élites europeas. El propio Donald Trump criticó la postura de Reino Unido sobre el cifrado, comparando la orden británica a Apple con “algo… que se escucha sobre China” y afirmando que le dijo al primer ministro, Keir Starmer: “No puedes hacer esto”.
Apple no respondió a una solicitud de comentarios. En febrero, la compañía declaró: “Nunca hemos creado una puerta trasera ni una llave maestra para ninguno de nuestros productos, y nunca lo haremos”.
El gobierno del Reino Unido no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz de Vance declinó hacer declaraciones.
El Ministerio del Interior ya dijo anteriormente que Reino Unido cuenta con “sólidas salvaguardas y supervisión independiente para proteger la privacidad” y que sus poderes “solo se utilizan de manera excepcional, en relación con los delitos más graves”.
Un tercer funcionario británico añadió que el gobierno de Reino Unido se mostraba reacio a impulsar “cualquier cosa que al vicepresidente estadunidense le parezca un asunto de libertad de expresión”.
Esto “limita nuestras posibilidades futuras, sobre todo en regulación de la inteligencia artificial”, añadió.
