Inversionistas internacionales vinculados a la empresa de servicios petroleros Oro Negro reactivaron su ofensiva legal contra México, luego de que una corte canadiense anuló el laudo arbitral que había desestimado una reclamación por 270 millones de dólares bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo con reportes de Global Arbitration Review, el tribunal canadiense concluyó que el panel arbitral cometió un error al rechazar su propia jurisdicción para conocer el caso. Además, se identificó que el árbitro chileno Andrés Jana no reveló un posible conflicto de interés relacionado con su trabajo previo como abogado en asuntos vinculados.
Reconfiguración del escenario jurídico
La decisión judicial revierte el estatus previo del caso, que en agosto de 2024 había sido considerado cerrado luego de que el tribunal arbitral resolviera a favor de México. En aquel momento, el panel se declaró incompetente para conocer la demanda bajo el argumento de la nacionalidad de los demandantes y su vínculo predominante con el país.
Con la anulación del laudo, el litigio vuelve a abrirse y permite a los inversionistas estadounidenses insistir en su reclamación por daños derivados de la cancelación de contratos de plataformas petroleras con Petróleos Mexicanos (Pemex). Este conflicto detonó la quiebra de Oro Negro y dio origen a una de las disputas energéticas más relevantes bajo el marco del TLCAN.
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Implicaciones del fallo canadiense
El fallo canadiense no establece aún una condena contra México ni ordena pagos inmediatos, pero sí elimina la decisión previa que había cerrado la puerta al arbitraje, devolviendo el caso a una etapa de revisión que podría reactivar el análisis de fondo del reclamo.
Este nuevo giro procesal prolonga un litigio de alto perfil que mantiene bajo escrutinio la relación entre inversionistas privados y el Estado mexicano en el sector energético, particularmente en disputas relacionadas con contratos con Pemex.
Por ahora, el proceso continúa abierto y será en las siguientes etapas donde se defina si el tribunal arbitral deberá reasumir jurisdicción o si el Estado mexicano logra nuevamente sostener su defensa.
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