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Jueves , 21.02.2019 / 10:55 Hoy

Atacar a las malas empresas es un truco político

Multas e impuestos especiales a las grandes empresas surgen en respuesta al enojo de la opinión pública por leyes ineficientes y complejas pero las sanciones son una solución peligrosa y populista. 


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Empresas muy malas están firmemente en la mira de los políticos. La semana pasada el líder del partido laborista del Reino Unido, Ed Miliband, anunció un programa, digno de llegar a los titulares, para financiar pruebas de cáncer mediante un impuesto a las utilidades de las tabacaleras. Esto vino después de compromisos previos para pagar por la capacitación de los jóvenes a través del cobro de impuestos a los bonos de los banqueros y de financiar el gasto ampliado del Servicio Nacional de Salud con un impuesto a las mansiones. El partido laborista le ha dado forma a esas políticas. Cuando regresaron al poder en 1997, su programa “New Deal” para los jóvenes desempleados fue financiado con un impuesto a las empresas públicas privatizadas.

La Comisión Europea tiene como objetivo la presunta evasión fiscal de Google. No es difícil ver por qué esta compañía se une a Starbucks y Amazon en el banquillo. Las tres son empresas estadounidenses con un perfil de alto consumo.

Luego están las multas. Para los bancos estadounidenses, que disponen de miles de millones de dólares para resolver las acusaciones de malas prácticas pasadas, a menudo sin el reconocimiento del daño, es un costo normal de sus negocios. Aún así, los casi 9 mil millones de dólares (mdd) que salieron de BNP Paribas fueron dolorosos. Ahora es una práctica común para varias agencias reguladoras compartir el botín.

Las empresas farmacéuticas también han sido registradas minuciosamente; los activistas están apuntando a otros objetivos, como los negocios que alimentan la obesidad. Los fiscales se han unido mientras sus gobiernos buscan nuevos ingresos para complementar el acuerdo actual con las tabacaleras.

Europa solamente está agarrando su paso. George Osborne, el ministro de Hacienda británico, anunció que las multas impuestas a los bancos por su participación en la manipulación de la tasa Libor llegará a organizaciones benéficas de las fuerzas armadas. Probablemente todavía se verán sanciones más grandes impuestas por abuso en el mercado de divisas.

Estas son buenas razones para una acción del Estado en áreas en donde hay una mala práctica empresarial. Los abusos financieros deben ser castigados. La evasión de impuestos de las empresas multinacionales están en niveles inaceptables. Las tabacaleras se comportaron mal, sus productos han causado un gran daño social.

Pero anunciar en los noticieros medidas ad hoc contra las empresas es una forma equivocada para enfrentar estas cuestiones. Las cantidades extraídas parecen arbitrarias. La incidencia al azar de las penalizaciones y la lejana relación entre las sumas obtenidas de una corporación y los individuos responsables significa que el efecto persuasivo sobre la conducta en el futuro es débil. El proceso cada vez se asemeja más a una pandilla armada recorriendo las calles, eligiendo personas impopulares y quitándoles el dinero, con extraños particularmente susceptibles para atacar. La pandilla justifica el acoso al entregar una parte de las ganancias a amigos necesitados.

Hay razones convincentes para que las sociedades avanzadas hayan abandonado las reglas de los vigilantes para favorecer los procesos cuidadosos, desapasionados y deliberativos. Los procedimientos judiciales apropiados están libres de las presiones de los noticieros de 24 horas. La justicia del viejo oeste a menudo surge cuando la ley existente es demasiado lenta y engorrosa, y demasiado ligada a los intereses establecidos, para responder a un legítimo enojo de la opinión pública, y esta es una representación justa de lo que está pasando en las finanzas. Pero la respuesta correcta es una reforma a la ley, no actuar fuera de ella.

Igualmente hay razones convincentes por las que, en la medida de lo posible, los impuestos deben basarse en principios generales aplicables a todos los individuos y compañías. También se corre el peligro de asignar obligatoriamente los ingresos fiscales a los elementos populares del gasto público. También necesitamos ingresos fiscales de elementos poco glamorosos -como una recolección tributaria efectiva y una regulación adecuada de los negocios- y considerar un mecanismo para evaluar las prioridades entre ellas. La asignación obligatoria de los ingresos para un elemento específico siempre se opone a la prudencia fiscal porque mina el control efectivo del gasto público.

La erosión de las propiedades constitucionales a favor de consignas populistas es un peligro al que todas las democracias son vulnerables. Como nunca se necesita más vigilancia para protegernos de ella.


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