La cuenta atrás para Carlos Rubio termina en junio de 2027. Es la fecha en la que concluye su contrato de alquiler en el domicilio que comparte con su pareja desde hace cuatro años en la calle Valverde 42, en el barrio de Malasaña, en Madrid, España.
En junio, el fondo de inversión Vencar Capital compró todo el bloque a la familia que poseía todo el edificio y ahora quiere expulsar a todos los vecinos para construir pisos de lujo.
“Nos ofrecen dinero para que nos vayamos lo antes posible, pero actualmente es imposible mudarnos”, explica.
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Paga 900 euros (unos 18 mil pesos mexicanos) por su departamento de dos habitaciones. Ahora un espacio similar se renta por mil 800 euros (37 mil pesos). No alcanza. La alternativa sería mudarse al extrarradio, muy lejos del barrio en el que el joven calcula que los departamentos que se construirán en lo que ahora es su casa podrían llegar a costar dos millones de euros (más de 40 millones de pesos).
El sábado, Rubio era uno de los activistas que encabezaba la marcha por el derecho a la vivienda que congregó a miles de personas en el centro de Madrid.
El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su casa por un fondo buitre el 23 de septiembre, ha supuesto un terremoto político en España. Desde hace una semana, decenas de personas acampan en la Puerta del Sol, la principal plaza de la capital española.
El presidente español, Pedro Sánchez, del PSOE, presentó un decreto de urgencia para limitar las ventas de viviendas a fondos como Vencar Capital o prohibir los desahucios de personas vulnerables, como Maricarmen. Pero los partidos conservadores (PP, Vox, Junts y UPN), que tienen mayoría en el Congreso, rechazaron las medidas, lo que podría llevar a elecciones anticipadas.
El acceso a la vivienda es el gran problema para los españoles, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dicen que el 41% de la población asegura que es su principal dificultad.
“Hay gente que lleva viviendo ahí dos décadas. Ahí tenemos nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestra vida”, dice Rubio. En su bloque de viviendas los vecinos se han organizado para tratar de mantener sus viviendas, aunque los propietarios se niegan siquiera a negociar. “No tienen en cuenta nuestra vida ni cuánto tiempo llevamos aquí”, argumenta.
El joven relata la angustia de vivir pensando que los días en la que hasta ahora ha sido su casa están contados. En los últimos meses, las presiones se han incrementado. Para tratar de forzar el desalojo, el fondo de inversión contrató a una empresa de “Desokupación”, una compañía privada especializada en desalojar a personas de sus viviendas. Sus integrantes han sido reiteradamente denunciados por hostigamiento y otro tipo de ilegalidades.
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Aumento en precio de rentas provoca dificultades en el acceso a la vivienda
El caso de Rubio no es una excepción. En los últimos años, los precios de las rentas se han disparado en Madrid y otras ciudades de España. Se trata de un fenómeno que se repite en otras capitales, como la Ciudad de México.
En el centro de la capital española, fondos de inversión como Vencar expulsan a los inquilinos para incrementar los precios. Además, han proliferado los pisos turísticos, gestionados por plataformas como Airbnb, que han disparado las rentas.
“El problema de la vivienda es insostenible”, dice Andrea, de 26 años. Asegura que paga 450 euros (9 mil pesos) por una habitación en las afueras de Madrid. “El alquiler supone un 70 por ciento de mi salario, por eso tengo que compartir piso. La renta completa es más de lo que gano al mes”, dice la joven, que trabaja en un escape room del centro de la ciudad.
Andrea es una de las decenas de jóvenes que acampan en la puerta del Sol. Las primeras tiendas se levantaron el sábado 26 de septiembre, después de una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas.
Las protestas son similares a las ocurridas hace 15 años, cuando cientos de jóvenes acamparon en el mismo lugar y dieron origen al movimiento de los indignados. Andrea tenía 11 años cuando ocurrieron aquellas movilizaciones. “Estamos peor que entonces”, afirma. Junto a su tienda, ubicada frente a la sede del gobierno regional de Madrid, se repiten las muestras de solidaridad.
“Mi casera me hizo un contrato temporal, que es ilegal, quise renovarlo y me trató de subir la renta más de un 10 por ciento”, denuncia Luciano Lima, brasileño de 36 años que llegó a España tras cinco años en Alemania. “No se puede soportar más”, argumenta. Paga 950 euros (casi 20 mil pesos) por un departamento en el barrio de Usera, en el sur de Madrid. “He tenido que luchar con mi casera para que me cobre un precio justo, no abusivo”, afirma.
Alquileres elevados, principal obstáculo de los jóvenes para irse de casa
En España, hay una generación de jóvenes que ve cada vez más difícil marcharse de casa. La edad media para independizarse está en los 30 años, según Eurostat. Antia Navas, de 26 años, rompe con esa media. “Pago 870 euros (casi 18 mil pesos) por un piso sin habitaciones, una buhardilla con ventanas en el techo y me considero afortunada”, afirma, resignada.
El problema de la vivienda no es nuevo en España. En 2011, durante las protestas de los indignados, surgió el movimiento Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que trataba de frenar las expulsiones de personas que no podían hacer frente a su deuda debido a la crisis económica de 2008. De ahí nació una generación de activistas simbolizada en Ada Colau, quien llegó a ser alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023.
Ahora el problema se ha trasladado a los alquileres. El Sindicato de Inquilinas propone medidas como imponer la rebaja del 50 por ciento a las rentas, que el gobierno expropie los pisos propiedad de los fondos buitre o que los contratos de alquiler sean indefinidos, para impedir que los propietarios incrementen el precio de forma reiterada.
Las medidas propuestas por el presidente Sánchez eran más modestas. Y ni aun así logró la mayoría para sacarlas adelante. Tras las protestas de toda la semana, la tensión se traslada en España a la arena política. Sánchez se debate entre convocar elecciones o seguir gobernando con una minoría que no le permite sacar adelante sus planes.
Mientras, inquilinos como Carlos, Andrea o Luciano siguen protestando con el miedo de que cualquier día puedan anunciar su desalojo o que su piso se convierta en impagable.
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