El gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por “fondos buitre” hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.
De esta manera, el Ejecutivo de coalición, formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, llegaron a un acuerdo para aprobar estos dos decretos que defienden “los intereses y los derechos de la ciudadanía”.
Todo después del desalojo la semana pasada de Maricarmen, de 87 años, de la casa donde vivió 70 años con renta congelada, aunque ayer el propietario del inmueble aceptó que volviera y lo hará cuando salga del hospital.
Además, entre otras medidas, se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto.
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El Congreso decidirá
Ahora, todo esto se llevará al Congreso donde deberá ser aprobado el próximo mes. La derecha y la ultraderecha, es decir, el Partido Popular y Vox, adelantaron que votarán en contra.
Así, la prórroga de los contratos en vigor será de dos años para todos aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
En un segundo real decreto se añade una renovación automática de los alquileres, tal y como exigía Sumar y el Sindicato de Inquilinas.
Los “fondos buitre” tendrán prohibido comprar vivienda hasta 2028. La definición de un “fondo buitre” se mide por su forma de comprar vivienda y no por su naturaleza jurídica: se vetará la compra por debajo de mercado o en paquetes que tenga como finalidad única el lucro inmediato.
Debdo a la importancia de estas medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos.
Lo que dificulta el acuerdo
Los últimos escollos que dificultaban el llegar a un acuerdo pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinos, que promueve la acampada de protesta en La Puerta del Sol de Madrid.
Desde Sumar reivindicaron los dos decretos de vivienda que incorporan “todas y cada una de las medidas del llamado decreto Maricarmen”.
“El acuerdo alcanzado supone que las demandas que el movimiento por la vivienda y el Sindicato de Inquilinas puso encima de la mesa vayan a formar parte de los textos que aprobó hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros”, señalaron desde el partido.
Subrayaron que “Sumar ha defendido frente al PSOE durante toda la negociación que este decreto no podía quedarse en medidas parciales o descafeinadas que no resolvieran los problemas ante la mayor crisis social que tenemos hoy en España que es la vivienda”.
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Sindicato de inquilinas
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que han apoyado a Maricarmen en todo momento y que encabezan el campamento en la Puerta del Sol, señalaron que continuarán en el lugar y calificaron de “vergüenza” el anuncio del gobierno.
Valeria Racu, una de las voceras, expresó que es una “verdadera vergüenza” que se hayan presentado dos decretos y acusó al Ejecutivo de “jugar a la campaña electoral” y de practicar la táctica del “divide y vencerás”, que, dijo, consiste en romper el decreto para que solo queden “migajas”.
Indicó que harán una valoración concreta hasta ver la “letra pequeña”, porque hasta que no haya texto “no hay real decreto”, en referencia a que el texto final se entregará en las próximas horas.
Exigen desalojar acampada
Por otra parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, pidió al gobierno de Pedro Sánchez que desaloje a los jóvenes acampados en Sol por la crisis de la vivienda.
“Los madrileños están sufriendo una acampada ilegal. Del lado del sanchismo, del Ministerio del Interior, no están haciendo absolutamente nada. Se están generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes”, señaló.
Consideró que “la impunidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas.
"Acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que en un plazo de 48 horas dé instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol”.
Subrayó que la concentración se produce frente a la sede de su gobierno, la Real Casa de Correos, un edificio “con más de 250 años de historia”.
De no llevarse a cabo el desalojo, amenazó con “emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas acciones penales”, contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
ABF
