Mientras el gobierno detalla los últimos flecos del decreto de vivienda para llevarlo mañana al Consejo de Ministros, cientos de personas continúan acampando en la madrileña Puerta del Sol, exigen vivienda digna, poner alto a la especulación y a los fondos buitre, acaparadores de miles de viviendas en el país.
Salvando distancias, la acampada (que cumplió su segundo día) recuerda al famoso 15M, cuando miles de personas, en su mayoría jóvenes, se dirigieron al Congreso para manifestar su hartazgo por la clase política, la corrupción y reforma a ley electoral, entre otras cosas.
Hoy, la mayoría de aquellos líderes del movimiento de 2011 forman parte de la clase política, ganando miles de euros y viviendo en casas con piscina, casa para invitados y hasta huerto propio, como donde vive el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.
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El motivo de la acampada
La acampada del fin de semana se gestó tras el lanzamiento la semana pasada de Maricarmen, de 87 años, que vivió en Madrid durante 70 años en un departamento con renta congelada de 500 euros y cuyo inmueble fue comprado por Urbagestión que le exigió 1650. Como no podía pagar la echaron.
En respuesta, el gobierno trabaja a contrarreloj para aprobar mañana en el Consejo de Ministros el decreto de vivienda, tras la presión social y política a raíz del caso Maricarmen.
En su momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó la ley al Congreso, pero no fue apoyada por los derechistas Partido Popular (PP) y Junts, así como por el ultraderechista Vox. El nuevo decreto también deberá ser llevado a la Cámara para su aprobación.
Lo que evitaría la ley
Entre otras cosas, esta ley iba a evitar lanzamientos como el de la mujer de 87 años y el perfeccionamiento de la vivienda, que se ha disparado en compra y alquiler, y mucha de ella ha sido adquirida por fondos buitre para revenderla al doble o triple.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, entre los puntos que se están negociando con los grupos parlamentarios se incluyen medidas de protección ante los lanzamientos (llamados aquí desahucios” y prohibir la compra “especulativa” de viviendas a fondos buitre, aunque no se baraja la posibilidad de expropiar inmuebles que reclaman voces de los izquierdistas Sumar y Podemos.
El objetivo de la norma es defender el derecho a la vivienda e impedir que haya “una sola Maricarmen más”, subrayaron las del ministerio, que remarcaron que las viviendas deben ser para vivir, de ahí las restricciones a la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión que se están negociando.
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Proteger al inquilino
Entre los diez puntos del borrador del que llaman ya “decreto Mari Carmen” sobre el que trabaja el gobierno se incluyen varias referencias a los alquileres. En concreto, bonificaciones fiscales para rebajar a los inquilinos “de forma inmediata” el esfuerzo que supone el pago del alquiler, así como incentivos fiscales también para los propietarios que bajen el precio del alquiler.
Se pretende igualmente proteger los contratos frente a las renovaciones anuales y también protegerlos frente a subidas abusivas en aquellos lugares que no están declarados como zonas tensionadas y donde, por tanto, no se aplica todavía el tope de alquileres que prevé la ley de vivienda.
En materia fiscal, se negocia incluir en el texto ayudas a la compra de una primera vivienda para facilitar este paso a quienes tienen un perfil solvente, pero no cuentan con ahorros suficientes para hacer frente a una entrada.
Además, otro de los puntos que está sobre la mesa es bajar el IVA a la construcción de viviendas protegidas con calificación permanente y blindar el parque estatal de vivienda para que “nunca más ninguna vivienda pagada con dinero de todos acabe en manos de especuladores”.
El Gobierno, entre otras cosas, busca también regular en este decreto el alquiler de temporada para acabar con el “fraude” en los contratos de corta duración y subir el IVA a los pisos turísticos para frenar su proliferación y “que tributen como lo que son, un negocio”.
“Hasta que el cuerpo aguante”
Mañana es la fecha fijada en el calendario, el día en el que el Gobierno espera sacar adelante un decreto de vivienda. Pero nadie se atreve a fijar una fecha de caducidad para la acampada.
“Hasta que el cuerpo aguante, y hasta que la gente siga viniendo y apoyando”, señalan desde el Sindicato de Inquilinos, organizador del plantón.
El objetivo es que la plaza no se quede vacía en ningún momento, por seguridad y por mantener la presión hacia el gobierno y los partidos para que aprueben el decreto de vivienda.
Para ello, los activistas se organizan haciendo turnos. Hablan entre ellos para cubrir a quienes trabajan por la mañana o por la tarde. El Ayuntamiento de Madrid exigió al gobierno desalojar la plaza, y le acusó de “dejadez de funciones” por permitir la acampada.
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ABF
