Avalada por la extrema derecha, la Unión Europea avanza en el endurecimiento de las políticas migratorias con la creación de centros de deportación para indocumentados en países externos, al mismo tiempo que enfrenta una crisis demográfica profunda y estructural que empeorará en caso de que se imponga la agenda anti inmigrante.
El pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones el reglamento de retornos, que establece el nuevo marco jurídico para la deportación de migrantes sin derecho a permanecer dentro de la UE.
La iniciativa fue aprobada gracias a la alianza del Partido Popular Europeo (PPE) con otros grupos conservadores y de extrema derecha —como el neonazi Alternativa para Alemania (AfD)— a pesar de la oposición de formaciones proeuropeas, entre ellas socialistas, liberales y verdes y el grupo de La Izquierda, contrarios a un reglamento que, en su opinión, viola los derechos humanos.
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La aprobación no es todavía definitiva, pues debe alcanzarse un consenso —con un acuerdo político y un texto común— entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo UE a través de los llamados trílogos (reuniones entre las tres partes implicadas en el proceso).
Se espera finalizar con las negociaciones próximamente, pues a mitad de junio el Pacto Europeo de Migración y Asilo entrará en vigor y el reglamento de retornos es la última pieza de un entramado de reglas que, de facto, endurece la política migratoria europea.
Centros de deportación en países externos
Uno de los principales y más polémicos puntos del reglamento de retornos es el que prevé la creación de los return hubs o centros de deportación a los que se enviarían migrantes con orden de retorno que podrían estar en países terceros, no necesariamente los de origen de los deportados.
Esa medida calca una de las principales propuestas en la materia del gobierno italiano de ultraderecha de Giorgia Meloni, que intentó crear los centros para deportados en Albania —con una inversión millonaria— pero que no pudo implementar por la oposición de los jueces.
Meloni, de hecho, aplaudió inmediatamente la aprobación del 26 de marzo del reglamento de retornos por el Parlamento Europeo.
“Europa va finalmente en la dirección justa”, dijo la primera ministra italiana en su cuenta de Facebook.
El nuevo ordenamiento prioriza la repatriación coercitiva respecto a la voluntaria y busca acelerar la devolución de personas a las que la UE niega el permiso de estancia a sus naciones de origen o a una tercera, pues actualmente el porcentaje de retornos es de 20 por ciento.
Los terceros países, incluso fuera de Europa, en los que se encuentren tales centros, deberán suscribir un acuerdo con un Estado miembro o con la propia UE. En esas instalaciones, sin embargo, no podrán ser internados menores no acompañados.
El reglamento prevé penas detentivas de hasta 24 meses para los migrantes a deportar que se nieguen a cooperar y contempla normas más rigurosas contra las personas consideradas “un riesgo para la seguridad”, además de un apoyo financiero y operativo de parte de la UE y sus agencias a los países miembros.
Alianza de conservadores con la extrema derecha
Tras la aprobación del reglamento de retornos, los grupos socialdemócratas acusaron al PPE de romper el “cordón sanitario” y aliarse con partidos de extrema derecha, como la AdF alemana o Vox de España.
“Es una votación vergonzosa y una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea”, denunció la eurodiputada francesa Melissa Camara, de los Verdes, quien acusó a la mayoría parlamentaria de “dejar de lado la dignidad humana a favor de una ideología racista y populista”.
Para la eurodiputada española Estrella Galán “el vergonzoso reglamento de retornos permite la creación de Guantánamos fuera de la UE y va hacia la creación de un ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadunidense) europeo, alentando redadas y expulsiones”.
En el mismo sentido se manifestó la eurodiputada italiana Cecilia Strada, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, según la cual “las escenas que hemos condenado en Estados Unidos, con niños de 5 años detenidos por la policía, podrán volverse realidad en Europa gracias al reglamento de retornos, que debería llamarse más bien reglamento de deportaciones”.
Según la responsable de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), Silvia Carta, la “alianza tóxica” con la extrema derecha “normaliza abusos similares a los vistos con el ICE en Estados Unidos” y “marca un punto de inflexión peligroso, allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones”.
La crisis demográfica
El endurecimiento de las políticas migratorias europeas ocurre en un contexto de crisis demográfica profunda y estructural en la UE, frente a la cual es la inmigración la que, paradójicamente, impide el decrecimiento poblacional, según Eurostat, la oficina de estadísticas comunitaria.
En un reporte de mayo pasado, esa agencia confirmó que la población europea crece ligeramente pero envejece de modo inexorable mientras las dinámicas entre natalidad y mortalidad aumentan los desequilibrios entre los países miembros.
Según el informe, en enero de 2024 la UE tenía 449 millones de habitantes, con un incremento del 0.4 por ciento respecto al año precedente. Ese aumento, equivalente a 1.6 millones de personas, fue atribuido en gran parte a la recuperación de los flujos migratorios tras la pandemia del covid y a la llegada de refugiados ucranianos que escapaban de la guerra.
Sin esa aportación externa, la población comunitaria estaría ya en declive, pues desde 2012 el saldo natural es negativo (los fallecidos superan a los nacidos).
De acuerdo con Eurostat, el porcentaje de habitantes de la UE con más de 80 años de edad ha pasado del 3.8 por ciento en 2004, a 6.1 por ciento en 2024, mientras el de los menores de 15 años ha descendido en el mismo periodo del 16.2 al 14.6 por ciento, aunque en Italia ha caído a 12.2 por ciento.
Como resultado, ha aumentado la edad promedio, que en el conjunto de la UE es de 44.7 años, aunque en Italia llega a los 48.7 años, la más alta del Viejo Continente. Solamente Irlanda, Malta y Luxemburgo mantienen una edad promedio abajo de los 40 años.
En tanto, la tasa de fecundidad comunitaria se ha desplomado a 1.38 hijos por mujer y de acuerdo con el Banco Mundial, desde la década de los setenta en la UE se encuentra debajo del nivel de sustitución generacional (2.1 hijos por mujer).
La esperanza de vida ha llegado a los 81.4 años, pero con fuertes disparidades, pues mientras en Italia es de 83.5 años, en países como Letonia y Bulgaria se queda en 76 años.
En el frente de la inmigración, en 2023 casi seis millones de personas se transfirieron a algún país de la UE, con Alemania y España que absorbieron casi 40 por ciento de ese total, aunque solamente 1.1 millones de migrantes obtuvieron la ciudadanía de algún país miembro.
La llegada de inmigrantes al continente se ha convertido, según Eurostat, en la única palanca capaz de balancear la caída demográfica. Sin embargo, de mantenerse las tendencias actuales, la agencia estima que la población de la UE caerá 6 por ciento en 2100 y quedará en 419 millones de personas.
El escenario sería peor sin inmigrantes, pues Eurostat calcula que, en caso de que se les cierren las puertas, a fin de siglo la población del bloque europeo disminuiría a 295 millones de personas.
Italia, donde el gobierno de Meloni ha hecho de la lucha contra la inmigración una de sus principales banderas, tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa y, sin inmigrantes, perdería casi a la mitad de su población a fin de siglo.
Las consecuencias serían un estancamiento económico debido a la reducción de la población activa y una mayor presión fiscal por el incremento del gasto en pensiones y por la demanda de asistencia sanitaria y atención a las personas mayores, dijo John Springford, investigador asociado del centro de estudios Centre for European Reform al diario The Guardian.
CHZ
