En una victoria judicial para el presidente Donald Trump, la Suprema Corte de Justicia autorizó este lunes la reanudación de la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, a lo largo de la frontera con México, al suspender una orden de una jueza federal que había paralizado las obras por posibles violaciones de las leyes ambientales.
La decisión, aprobada por ocho magistrados contra uno, representa un revés temporal para los grupos ambientalistas que buscan proteger uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la frontera, pero no constituye una resolución final sobre la legalidad del proyecto, toda vez que el caso continuará su curso en tribunales federales.
El fallo del máximo tribunal suspende la orden emitida el pasado 2 de octubre por la jueza federal Kathleen Cardone, de El Paso, Texas, quien determinó que la administración Trump probablemente había excedido sus facultades al suspender unilateralmente numerosas leyes ambientales para acelerar la construcción.
Cardone, nombrada por el expresidente republicano George W. Bush, cuestionó además que el gobierno clasificara Big Bend como una zona de elevada inmigración irregular, cuando las propias estadísticas oficiales muestran que registra la tasa más baja de cruces ilegales de toda la frontera con México.
Sin embargo, la mayoría de la Suprema Corte consideró que una ley migratoria de 1996 concede amplias facultades al Departamento de Seguridad Nacional para eximir proyectos fronterizos de requisitos ambientales y limita las posibilidades de impugnarlos judicialmente.
“El interés del gobierno supera cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes”, señaló el tribunal en su resolución. La magistrada progresista Ketanji Brown Jackson fue la única que manifestó su desacuerdo.
El proyecto contempla barreras físicas, caminos de vigilancia y sistemas de seguridad en el sector fronterizo de Big Bend, que abarca más de 500 millas junto al río Bravo. La administración asegura que no levantará muros de nueve metros dentro del parque nacional, aunque sí proyecta barreras para vehículos y caminos de patrullaje.
La decisión provocó una inmediata reacción de las organizaciones conservacionistas. Laiken Jordahl, del Centro para la Diversidad Biológica, denunció que la administración Trump pretende destruir uno de los grandes parques nacionales estadunidenses y que “la Suprema Corte acaba de darles luz verde”.
Los ambientalistas sostienen que la construcción amenaza la fauna, los cañones y el ecosistema del río Bravo, además de perjudicar el turismo y las actividades económicas de comunidades fronterizas. La oposición también incluye propietarios rurales.
La suspensión de la orden de detener la obra permanecerá vigente mientras la Suprema Corte decide si acepta revisar formalmente el litigio. Si rechaza intervenir, la medida perderá automáticamente su efecto; si acepta el caso, continuará hasta su resolución.
