DOMINGA.– Coordinar el envío de comida y paneles solares a una isla no parece el plan maestro de un terrorista global. Al menos no en el mundo real. En marzo de 2026, Manolo De Los Santos, un líder comunitario dominico-estadounidense que dirige The People’s Forum en Nueva York –un espacio en el corazón de Manhattan que funciona como refugio cultural, escuela política e incubadora para decenas de organizaciones y movimientos–, viajó a La Habana con un propósito público y plenamente documentado para entregar ayuda humanitaria a la población civil durante las actividades de la flotilla Nuestra América en el Caribe.
Ya en Nueva York, Manolo retomó su agenda. Durante meses aquel viaje no generó ninguna alerta. Pero el escenario político cambió en el verano a raíz del discurso de Donald Trump del 4 de julio y la publicación de un inusual expediente diplomático. Para el día 21, aquel trabajo solidario se encontraba en el centro de una investigación federal. Ese día, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, encabezado por Jason Smith, emitió un citatorio obligatorio contra The People’s Forum. Exigían la entrega de comunicaciones internas, registros organizativos y documentos financieros, una orden que colocó al activista bajo la amenaza directa de ir a prisión en caso de no cooperar.
A miles de kilómetros de distancia de esa escena neoyorquina, y justo en ese mismo mes de marzo, el español Pablo Iglesias experimentó la antesala de un cerco burocrático similar. El exvicepresidente del Gobierno de España cruzó el Atlántico para sentarse frente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y entrevistarlo. Con Iglesias, el acercamiento a esta crisis institucional es distinto porque ha sido mucho más abierto en sus posturas políticas, no vive en Estados Unidos, es un político consolidado. Tiene más claro qué implican estas acciones en el tablero internacional.
Zoé Alexandra vive un proceso judicial idéntico. La periodista, quien dirige el medio Peoples Dispatch y forma parte de BreakThrough News, acudió a Cuba coincidiendo en ese mismo fin de semana de marzo para participar en las reuniones logísticas con la flotilla Nuestra América. Antes de acceder a hablar sobre el tema, Zoé debía tener clara cuál sería la estrategia de defensa legal de su medio independiente, el cual no cuenta con la infraestructura del New York Times, cuyos periodistas también fueron citados a declarar al Capitolio por razones diferentes.
Mientras Zoé participaba en estos encuentros solidarios y ejercía su labor informativa, desde las aguas del puerto de Veracruz, México, zarpaba un barco civil. Las bodegas de esta embarcación iban cargadas exclusivamente con paneles solares, toneladas de alimentos e insumos médicos destinados a las familias bloqueadas por las sanciones económicas. Al salir del puerto, la embarcación, cargada de alimentos coordinados por 120 organizaciones, quedó procesada bajo la intervención diplomática. Los burócratas de Washington clasificaron a la embarcación solidaria como parte de una inmensa red de subversión internacional.
¿Qué tienen en común este barco carguero mexicano, un exvicepresidente europeo, una reportera neoyorquina y un líder social dominicano-estadounidense?
Vidas, oficios y nacionalidades radicalmente distintas colisionan hoy contra una trampa cronológica. El trabajo humanitario y periodístico que realizaron en marzo fue procesado penalmente. El Departamento de Estado los integró dentro de un voluminoso informe que sienta las bases para calificar el trabajo civil bajo el manto de la subversión, el espionaje y el peligro para la nación.
El gobierno de Donald Trump está reescribiendo las reglas de la seguridad internacional mediante la expansión jurídica del concepto “subversión”. Con la publicación de listas de amenazas internas y la invención de presuntas redes de espionaje, la Casa Blanca empuja una reinterpretación de la ley que pulveriza sus fronteras territoriales. Washington desata una persecución que neutraliza a medios independientes, políticos europeos y misiones humanitarias por igual, demostrando que el uso del aparato de inteligencia contra la disidencia es una política de Estado oficial.
El informe de las cien páginas y la normalización del delito ideológico
El informe tiene una portada azul con los colores y sellos formales del Departamento de Estado y lleva un título directo: Cuba, The Capital of 21st Century Communism. Son cien páginas pesadas. Empieza con un párrafo que habla de terrorismo y, casualmente, termina haciendo mención otra vez a ese mismo término. En medio de esas páginas habla de supuestas operaciones tácticas, pero sin aportar prueba alguna.
El documento sostiene que, prácticamente, todo lo relacionado con las movilizaciones populares en Estados Unidos es producto de la intervención de Cuba. El texto oficial rastrea esta hipótesis asegurando que la inteligencia castrista está detrás de múltiples movimientos cívico históricos. El texto abarca desde el movimiento antiguerra contra Vietnam y el movimiento por la paz, hasta las protestas de Black Lives Matter y las masivas manifestaciones en solidaridad con Palestina.
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El documento asume que el clamor social que se vive es resultado exclusivo de la intervención extranjera y su infiltración en las bases estadounidenses. Para Manolo De Los Santos, esta postura evidencia un fenómeno profundamente interno. Él mismo coincide con Zoé Alexandra en que el sentimiento a favor del socialismo, de la ayuda humanitaria y del antiimperialismo es algo que está creciendo y es histórico por primera vez en Estados Unidos. Lo que estos testimonios exponen es que culpar a un país extranjero del descontento doméstico funciona como una herramienta política útil para una administración enfocada en contener a sus ciudadanos.
Cuando hablé con Manolo para entender cómo enfrentaba el proceso legal, abordé el factor humano oculto en los citatorios. “¿Te sientes intimidado por el gobierno estadounidense? ¿Hay preocupación en tu familia?”. Su respuesta retrató la postura de un movimiento que se niega a ceder ante el amago de prisión por desacato:
“No me siento intimidado y sé que vamos a vencer a la administración Trump y su nuevo macartismo”, aseguró. “Estos últimos ataques contra The People’s Forum son parte de una cruzada en escalada contra todas las organizaciones progresistas y cualquier grupo o persona que exprese oposición a las políticas de ultraderecha, racistas y a favor de la guerra de la Casa Blanca de Trump”, dijo.
Esa misma lectura la comparte Pablo Iglesias. Cuando conversé con él, me dejó ver su visión del conflicto de una manera mucho más personal. Para el exvicepresidente y doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, es claro que la diplomacia norteamericana ha reformulado sus propios fundamentos para convertir la discrepancia política en una amenaza de Estado.
Me lo explicó así: “Para Estados Unidos, terrorismo ya no es poner una bomba o intentar matar a alguien; terrorismo es tener unas ideas determinadas. Si eres de izquierdas o progresista, eventualmente puedes ser objeto de una cacería judicial con todo lo que eso implica”.
“Algunos de los que estamos mencionados en ese informe, lo que hemos hecho es solidarizarnos con Cuba, criticando una guerra económica y un embargo criminales que condenan a la población cubana a una situación de carestía y de precariedad sin precedentes. Y decir sin precedentes, en el caso de Cuba, es decir mucho. Estados Unidos lo que está haciendo es normalizar el delito ideológico, violando todos los principios de la democracia liberal, como ya viola de manera cotidiana y sin ningún tipo de disimulo el derecho internacional”.
Para el líder español, la inclusión de figuras internacionales en los expedientes de seguridad persigue un precedente público destinado a inhibir la movilización ciudadana. “Creo que Estados Unidos sabe muy bien quiénes son sus enemigos y creo que incluirnos a una serie de figuras conocidas en esa lista tiene una función de amedrentar a cualquiera que se pronuncie con opiniones de izquierdas, a favor de Cuba, o que critiquen los crímenes de Estados Unidos, tanto en su política exterior como a nivel interno”, comentó.
“Yo creo que la inclusión de nombres en esa lista tiene esa finalidad de aterrorizar a muchísima gente y colocar a los que hacemos activismo, a los que dirigimos medios de comunicación, colocarnos como delincuentes, cuando básicamente lo que se está haciendo es ejercer la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el derecho de hacer política. Por eso decía que Estados Unidos está jubilando los principios de la democracia liberal”.
El impacto de estas políticas es innegable. Al evaluar su inclusión en el informe y el proceder de las agencias de seguridad sobre su propia libertad de movimiento, Iglesias resumió su posición con una franqueza contundente. “Puedo estar sin viajar a Estados Unidos. Desde luego no viajaría dadas las circunstancias”.
“Estados Unidos es un país profundamente inseguro, para empezar para los migrantes, pero también para cualquier persona de izquierda en un contexto de nuevo macartismo en el que la persecución ideológica se ha normalizado”, concluyó.
“Manolo De Los Santos, activista estadounidense colaborador de Canal Red, aparece también como una de las personas objeto de persecución y muestra una distopía en la que el país que se ha auto atribuido ser la tierra de las libertades es una suerte de estado policial en el que ningún activista de izquierda podría sentirse seguro. Lo mismo que muchos ciudadanos estadounidenses no se sienten seguros y trabajadores migrantes padecen la persecución".
De las Torres Gemelas a la calcomanía subversiva
El camino que llevó al sistema judicial estadounidense a este punto es largo y está marcado por la metamorfosis del lenguaje penal. Desde la caída de las Torres Gemelas en 2001, la definición de terrorismo ha experimentado una transformación expansiva. Inicialmente, el término se aplicó de manera exclusiva para perseguir a grupos extremistas en Medio Oriente, justificando intervenciones militares a gran escala. Años más tarde, el concepto se estiró en el marco de la seguridad nacional para clasificar a los cárteles del narcotráfico bajo esa misma etiqueta bélica y militarizar las fronteras. En este momento, el término muta otra vez para procesar penalmente a la disidencia ciudadana.
Todo este engranaje se sostiene sobre los poderes extraordinarios nacidos con aquellos atentados de septiembre. Las amplias facultades otorgadas por el Patriot Act –la ley aprobada de urgencia en 2001 que le dio al gobierno carta blanca para intervenir comunicaciones y espiar masivamente bajo la excusa de cazar terroristas– han reorientado su enfoque. Hoy estas herramientas legales se aplican de manera directa contra organizaciones de base y activistas de derechos civiles.
El antecedente judicial más claro de este aparato punitivo ocurrió en un juicio en Texas en junio de este año. La fiscalía federal logró sentenciar a un grupo de activistas acusados de pertenecer a Antifa, una red descentralizada de militantes a la que Donald Trump ha elegido como su gran enemigo. El Estado consiguió condenarlos a pasar entre treinta y cien años en prisión sin presentar un solo plan de ataque ni exhibir armas de fuego.
El origen del caso fue una manifestación callejera a las afueras de un centro de detención de migrantes en la ciudad de Alvarado. Los abogados defensores argumentaron en la corte que lanzar fuegos artificiales durante una protesta no constituye un acto destructivo. Sin embargo, los fiscales lograron asegurar las penas impulsados por un memorando de la fiscal general Pam Bondi, quien ordenó a las agencias de seguridad perseguir cualquier expresión de sentimiento “antiamericano y anticapitalista” para procesar estas protestas como terrorismo doméstico. El gobierno intervino argumentando frente al juez que aquellos representaban explosivos letales diseñados para volar infraestructura estratégica.
Para sostener la condena frente al estrado, los fiscales presentaron literatura independiente y material gráfico. Los abogados del Estado mostraron al jurado fanzines impresos a mano, listas de lectura, pegatinas antinazis y calcomanías satíricas con lemas como “Que Estados Unidos deje de existir”.
Durante el contrainterrogatorio, los propios peritos del gobierno admitieron bajo juramento que tener esos materiales no rompía ninguna ley, no causaba daños materiales y tampoco probaba que los acusados pertenecieran a una red clandestina. La falta de evidencias, sin embargo, no cambió el rumbo del juicio. El jurado los declaró culpables y las sentencias impuestas fueron desde los treinta hasta los cien años de prisión. Con este fallo, el sistema judicial abrió la puerta para aplicar las leyes de seguridad nacional contra cualquier protesta ciudadana en las calles.
El discurso del 4 de julio y el detonante político
Las instrucciones que la Casa Blanca giró a sus agencias de seguridad a finales del año pasado salieron a la luz en diversas publicaciones periodísticas. Los reportes documentaron cómo Pam Bondi ordenó compilar una lista exhaustiva de organizaciones civiles que el Estado clasificaría como amenazas internas.
El memorando del Departamento de Justicia estableció que los objetivos de investigación serían aquellos grupos que expresan oposición a la aplicación de la ley y de la inmigración, incluyendo el antiamericanismo y el anticapitalismo. Sin embargo, para activar el aparato institucional contra estos grupos el Ejecutivo requería instaurar un escenario de emergencia.
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En pleno festejo del 4 de julio de 2026, con la parafernalia de la independencia a su alrededor, Donald Trump tomó el micrófono para lanzar una advertencia que cambiaría las reglas del juego. Frente a una multitud que celebraba al aire libre, el presidente decidió decirle al país y al mundo entero que la mayor amenaza para Estados Unidos hoy no es puramente ideológica, sino un peligro de seguridad nacional inminente. La amenaza era el comunismo.
Con un tono apocalíptico aseguró que el país sufre un ataque coordinado y alertó sobre un resurgimiento de esta amenaza operando desde las sombras. Para dejar clara la gravedad de su mensaje, afirmó explícitamente que este fenómeno supera incluso los horrores de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Pearl Harbor o los atentados del 9/11.
Ese discurso al aire libre no fue una simple arenga festiva: funcionó como la orden ejecutiva no escrita que puso a trabajar a las agencias gubernamentales, unificando la retórica política con los estatutos penales.
El profesor de la universidad Smith, Suleiman A. Mourad, lo resume de una manera muy cruda al hablar de las directrices de esta política de Estado. “La intención política detrás es ampliar hasta el infinito el término de terrorismo. Esta agresiva expansión del lenguaje penal no sólo tiene consecuencias legales desastrosas para quienes viven en Estados Unidos o para quienes desarrollan activismo dentro de sus fronteras”.
El regreso de los comités y la defensa de la prensa
Inmediatamente después del discurso del 4 de julio, el sistema burocrático entró en acción. El Departamento de Estado publicó el expediente propagandístico para enmarcar a los activistas del viaje a Cuba dentro de la nueva narrativa presidencial. Fue a partir de la difusión de este documento que el Congreso emitió los citatorios legislativos, reviviendo procedimientos institucionales históricos.
Han pasado muchísimos años desde que Estados Unidos implementó los mecanismos de investigación por temor a la expansión del comunismo. En la década de 1950, por medio del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, actores de Hollywood, guionistas, escritores famosos y ciudadanos comunes fueron obligados a declarar sobre sus ideas políticas, los libros que leían y las organizaciones sociales a las que pertenecían. Hoy las citaciones del Congreso operan bajo una estructura idéntica.
El actual Comité de Medios y Arbitrios giró citatorios obligatorios para exigir información interna, listas de contactos y finanzas tanto a The People's Forum como a Peoples Dispatch. Para los reporteros involucrados, que el gobierno federal les exija entregar correos confidenciales y revelar el origen de sus investigaciones no es una medida de seguridad nacional, sino un golpe directo al derecho a la información. Cuando platiqué con Zoé Alexandra, ella puso las cartas sobre la mesa y explicó sin rodeos lo que, a su juicio, se esconde detrás de todo este papeleo legal. Para la periodista, el acoso burocrático es sólo una cortina de humo.
“Lo que está pasando en BreakThrough News no es solamente un ataque contra nosotros. Es un ataque a la libertad de expresión y la libertad de prensa”, afirma la periodista. “Los aliados de Trump lo dejan muy claro que nos atacan y nos tratan de amedrentar porque no están de acuerdo con nuestras posiciones y perspectiva. La verdad es que damos voz y cobertura al amplio rechazo a las políticas de Donald Trump. La mayoría de las personas en Estados Unidos rechazan el genocidio en Gaza, rechazan la presencia de ICE en nuestras ciudades y la campaña de terror contra la comunidad migrante.
“Y todas las encuestas muestran que la guerra de Trump contra Irán ha sido la más rechazada en la historia. Ellos piensan que atacando podrán cambiar ese panorama de políticas fallidas y caída de popularidad, pero no van a poder cambiar la consciencia de las personas de este país tratando de callarnos. Y el intento de aislarnos y callarnos jamás va a funcionar, nosotros estamos más firmes y más comprometidos que nunca con nuestra misión de contar la verdad”.
Las acciones del gobierno estadounidense impactaron finalmente en el operativo internacional, apuntando hacia el barco civil mexicano. Al salir del puerto de Veracruz, la embarcación, cargada de toneladas de alimentos coordinados por 120 organizaciones populares, quedó procesada bajo la intervención diplomática fundamentada en el informe oficial. Washington clasificó a la embarcación solidaria como parte de una inmensa red de subversión internacional.
Con este malabarismo envuelto en papel diplomático, la administración consagra un cierre perfecto para su cacería legal. La conclusión oficial que aparece al final del documento es, en sí misma, una advertencia:
“El peligro de esta penetración de inteligencia sólo se ve agravado por las nuevas alianzas de Cuba, al albergar la isla un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras en su propio suelo, lo que representa una amenaza única para la seguridad nacional estadounidense”.
La publicación de estos informes deja al descubierto el mecanismo con el que Washington intenta legitimar un modelo de persecución internacional, impulsando un sistema donde comprobar un daño material dejaría de ser indispensable. Un simple reporte de seguridad, un viaje a Cuba, una manifestación a favor de Palestina o el trabajo de la prensa independiente podrían bastar para criminalizar a cualquier persona en el mundo y procesarla como un enemigo de Estados Unidos de Trump.
GSC / MMM
