En una reunión extraordinaria de cancilleres miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington, se aprobó este viernes 2 de octubre una resolución que exige a Nicaragua a realizar elecciones y a liberar presos políticos; medida que responde a la declaración del presidente Daniel Ortega en julio sobre eliminar los comicios en el país.
Sin embargo, México decidió desmarcarse de la postura encabezada por Estados Unidos.
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Medida de la OEA contra gobierno de Ortega
El texto aprobado también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La OEA convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero sólo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.
La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.
También crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua que debe establecer un diálogos con las autoridades nicaragüenses y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de 90 días.
México y Brasil en sintonía
Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA recordó en su intervención que “la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado plena constancia del compromiso del país con la democracia en la región”.
Señaló que “en la sesión del Consejo Permanente el 5 de agosto, México expresó su profunda preocupación por las declaraciones del copresidente Daniel Ortega, en el sentido de que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones y que se impulsarían disposiciones para impedir la participación de fuerzas políticas opositoras y sus implicaciones”.
Resaltó el rechazo “categórico” del gobierno mexicano a “cualquier intento de injerencia en los acentos internos de otros Estados. La historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera”.
Tras exponer distintos argumentos, Encinas aseguró que México “no acompaña la resolución que hoy se nos presenta, particularmente con respecto a la vinculación de la aceptación política y de derechos humanos en Nicaragua como un riesgo o amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”.
Brasil, que había votado en contra de convocar esta reunión, también subrayó su oposición a cualquier referencia que señale a Nicaragua como “una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales”.
La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2019, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
El organismo decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el 19 de julio que en Nicaragua no habría más votaciones, tras lo cual el gobierno sandinista impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas “traidores a la patria”, en una referencia a la oposición.
La Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la #OEA aprobó por aclamación la resolución “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”https://t.co/ZJbvKDHopR pic.twitter.com/WuMEypGNg7
— OEA (@OEA_oficial) October 2, 2026
Ruptura de diplomacia con Nicaragua
Durante el encuentro de este viernes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que la dictadura de Nicaragua ha vetado a la nueva embajadora estadunidense en el país, Natasha Franceschi, ratificada el miércoles por el Senado.
Por su parte, el canciller dominicano, Víctor Ito Bisonó, anunció la decisión de su país de cerrar su embajada en Nicaragua mientras “persistan las condiciones” de deterioro de la democracia.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.
Mientras, la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, definió al país como un “estado policial” que utiliza su “arquitectura transnacional” para intimidar y cargar contra sus nacionales en el extranjero.
La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega.
MD
