Cuando el Partido Sandinista tomó el poder en Nicaragua, lo hizo bajo promesas de poner fin a un régimen familiar que se mantuvo por 40 años en el poder. La dinastía Somoza estableció un régimen autoritario que, ahora, se espejea con la realidad acontecida en el país.
Daniel Ortega lideró el regreso a la democracia tras el exilio de Anastasio Somoza Debayle en 1979. Sin embargo, con el paso de las décadas, su manera de gobernar se aleja cada vez más de la soberanía popular.
Uriel Pineda, abogado y doctor en Derechos Humanos originario de Nicaragua, abandonó su país cuando la libertad de crítica, característica de una democracia, dejó de ser una realidad; frente a un gobierno que acorraló a la oposición hasta conseguir erradicarla. En entrevista para MILENIO, el activista relató su experiencia bajo el régimen de Ortega y cómo se vive la disidencia desde el otro lado de la frontera.
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El cierre de espacios críticos que incomodaron al gobierno de Nicaragua
Antes de abandonar su lugar de nacimiento, el letrado formaba parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización civil cesada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que controla la Asamblea Nacional, en 2018 a petición del gobierno de Ortega.
Como miembro, desempeñaba labores de protección a sus connacionales mediante la abogacía. El centro se caracterizó por su crítica postura hacia el régimen desde su fundación en mayo de 1990, fecha desde la cual ya se percibía una regresión en materia de derechos humanos, explica Pineda.
Pineda también laboró como docente de la Universidad Centroamericana (UCA) en la Facultad de Derecho. Este instituto, el primero en ser fundado por la Compañía Jesuita en Centroamérica, también fue afectado por las decisiones de la administración cuando se ordenó su clausura en agosto de 2023.
Primero, el gobierno confiscó los bienes de la universidad —fundada en 1960, mientras se desarrollaba la dictadura Somoza—. Posteriormente, aprobó la cancelación de la personería jurídica de la Universidad.
“El régimen Ortega-Murillo reprime al que piense diferente”, señala uno de los testimonios recabados en el reportaje que hizo la UCA cuando se dictó su cierre.
Otra persona, identificada como Marcos, quien cursó la licenciatura y maestría en el instituto, condenó la medida aplicada a su alma mater y equiparó las acciones del gobierno con lo ocurrido en la dictadura que frenó la Revolución Sandinista:
“Este nuevo régimen ya ha superado todas las cosas que hizo la familia Somoza. En todos los sentidos, no sólo en represión; en muerte, asesinato, encarcelamiento y confiscaciones”.
Además de las instituciones, el control en Nicaragua alcanzó a los medios de comunicación. Pineda colaboró con los diarios del semanario Confidencial y La Prensa, los mismos que han sido censurados por su crítica documentación de lo acontecido en el país.
Cuando la Constitución se volvió el arma de Ortega
—¿Por qué tomó la decisión de salir de Nicaragua?—
“Yo salí del país en 2014. Si bien, fue una decisión personal, por una oferta de empleo en México y la posibilidad de continuar mis estudios doctorales, lo cierto es que ya se empezaba a sentir en Nicaragua el cierre de espacios democráticos”.
La tensión se acrecentó con el fraude en los comicios municipales de noviembre de 2008, cuando el Consejo Supremo Electoral no publicó todos los resultados de las Juntas Receptoras de Votos en su sitio web. Esta intervención afectó al municipio de Managua, donde no se recuperó la totalidad de las 2 mil 107 actas y, parte de las reunidas, nunca se publicaron, explica la Asociación Española de Ciencia Política y Administración.
Una situación similar ocurrió con las votaciones generales de noviembre de 2011, con las cuales Ortega ostentó la presidencia un periodo más. La controversia surgió desde la petición de reformar el Artículo 147 constitucional para permitir la reelección indefinida, pues impedía que un mandatario pudiera ejercer gobiernos consecutivos.
“Ya comenzaba un cambio constitucional que legalizaba una reelección, concentraba la dirección del Ejército y la Policía Nacional en el Poder Ejecutivo y, sobre todo, que restringía los mecanismos de protección legal ante las violaciones de derechos humanos en el país”, explica el abogado y docente.
Sobre esta última cuestión, Uriel ya no se encontraba en Nicaragua, pero a partir de febrero del 2025, su país sufrió el último golpe a las protecciones básicas de los ciudadanos: la ley 1234, sobre una reforma parcial a la Constitución. Entre algunos de los cambios más controversiales están:
- Artículo 5 quinquies: El pluralismo cultural y social asegura la organización y participación en todos los procesos electorales establecidos en la Constitución de los partidos políticos que cumplan con la Constitución Política y las leyes.
- Artículo 17: Las y los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense.
- Artículo 27: Las y los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, siempre y cuando no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución Política.
- Artículo 49: Las y los nicaragüenses tienen derecho a constituir organizaciones con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones, según sus propios intereses. Estas deberán integrar en su naturaleza y fines los Principios Fundamentales contemplados en esta Constitución Política.
“Hubo una reforma constitucional en Nicaragua que cambia las reglas del juego; y esa situación, sumada a la persecución que comenzó tener el periodismo independiente, además de la presión por parte del régimen al financiamiento de las organizaciones de sociedad civil, comprometiendo su operación, hizo que considerara oportuno salir del país”.
¿Cómo se vive la oposición en Nicaragua?
El ahorcamiento a los medios de comunicación disidentes, así como a la protesta social, ha causado que en Nicaragua no haya una oposición estructurada, característica de cualquier democracia que cultiva la libertad y pluralidad.
El desmantelamiento democrático en Nicaragua también ha consistido en la anulación de partidos políticos por parte del Consejo Supremo Electoral, mencionó el entrevistado.
“Lo que puedo decir que actualmente existe son espacios de resistencia, de denuncia del abuso del poder”.
Sin embargo, esta crítica solo puede llevarse a cabo siempre y cuando se cruce la frontera, debido a que en la nación no hay forma de articular un movimiento opositor y, “mucho menos una organización política que aspire a contender por el poder en contra del régimen”, explica.
“La persecución a organizaciones e individuos ha dejado en un espacio de vulnerabilidad a la sociedad. Quien trata de alzar la voz paga un alto costo, ya sea el encarcelamiento, el exilio o la confiscación de su patrimonio y bienes personales”.
“El Estado policial y régimen de persecución establecido por Daniel Ortega ha sido efectivo para evitar la existencia dentro del país de voces críticas”.
¿Es posible un cambio de gobierno?
Con el paso de los años, y la prevalencia de los Ortega-Murillo en el poder, el cuestionamiento sobre cómo se podría reemplazar al régimen se hace más notorio. Sobre esto, el activista mencionó que el golpe no vendría desde otro partido, sino desde el interior del Frente Sandinista.
“En la medida en que no se pueda transferir con éxito el poder a Murillo, ante la ausencia de Ortega, se abrirían nuevos intentos de acceder al poder. Hay una gran amenaza interna que enfrenta la administración ante una sucesión dinástica, debido a que no se tiene el mismo vínculo de lealtad con el Presidente que con la mandataria”.
“Por otra parte, el oportunismo de actores represivos, como el Ejército o la policía, si falta Ortega, incrementaría la posibilidad de un acto de traición o sublevación para proteger intereses particulares”.
“Si el régimen de Nicaragua cae y el Ejército decide no actuar, su futuro estaría en juego. Eso pasaría con cada uno de los actores políticos que forman parte de este andamiaje represivo. Incluso, si la propia familia Murillo, quisiera escapar de la suerte que se le impuso en su momento a la dinastía Somoza”.
El entrevistado explicó que la única posibilidad de transición en el país es el resquebrajamiento del propio régimen.
Vivir sin la posibilidad de regresar a tu país
Uriel Pineda llegó a México desde 2014. Ha experimentado los cambios en su lugar de origen desde la distancia; sin embargo, las restricciones del régimen también lo han afectado. En 2023, el gobierno despojó de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 personas bajo el argumento de ‘traición a la patria’ —una de las modificaciones constitucionales antes mencionadas—, entre ellas estuvo Pineda. Además, le prohibieron el ejercicio de la abogacía de por vida y confiscaron sus bienes en el país.
“He sufrido las consecuencias de una persecución transnacional”, declaró.
La imposibilidad de regresar a su nación fue uno de los temas más complejos para él: “hacerte a la idea de que hay personas a las que no volverás a ver, que no existe la posibilidad de retorno”.
Frente a estas situaciones, es como si los vínculos que constituyen tu identidad desaparecieran, explica el activista. Eso generó un duelo y el profundo deseo de que un cambio en el país le permita volver.
En la actualidad, Uriel cuestiona la indiferencia de la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Nicaragua y de ciertos gobiernos que prefieren guardar silencio por la afinidad política con el régimen Ortega-Murillo.
“Al final, lo que ha hecho Daniel Ortega es secuestrar el ejercicio del poder en Nicaragua”, concluyó.
MD
